Guadalajara, Jalisco.

Liliana Carrillo González, mujer wixaritari de 20 años de edad, no murió por suicidio, sino que su pareja Gelacio “N” la asesinó, en hechos registrados el 3 de marzo pasado, en la localidad El Bajío, municipio de Mezquitic, que forma parte de la comunidad Santa Catarina Cuexcomatitlán.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió la recomendación 25/20, dirigida a la Fiscalía Estatal, al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), a los ayuntamientos de Mezquitic y Huejuquilla el Alto y a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.

Las visitadurías Tercera y del área de Quejas de la CEDHJ, realizaron una investigación durante cuatro meses y acreditaron que un médico del Ayuntamiento de Huejuquilla el Alto, un perito del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), un agente del Ministerio Público y policías municipales de Mezquitic, violaron derechos humanos, al calificar la muerte de Liliana como suicidio, sin aplicar el protocolo de feminicidio.

Incluso, en la recomendación se señala que se simuló la necropsia de Liliana, por lo que se tuvo que hacer una exhumación de sus restos 42 días después de su deceso.

La queja ante la CEDHJ la presentó una hermana de Liliana, el 1 de abril pasado, por lo que se emitieron medidas cautelares para garantizar los derechos de las víctimas indirectas. La mujer asesinada dejó una pequeña de 3 años de edad.

Liliana fue encontrada colgada de un árbol en el patio de su casa, donde su pareja la habría puesto tras quitarle la vida. La mujer wixaritari vivió cuatro años con su pareja, quedó embarazada a los 16 años de edad y durante ese lapso sufrió violencia intrafamiliar. Nada de eso fue tomado en cuenta por el agente del MP, que archivó el caso como un suicidio.

Gelasio “N” está detenido y fue vinculado a proceso por feminicidio.

Que se castigue a quienes simularon la necropsia

El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) denunció el caso y el 10 de julio pidió que se enjuicie al médico José Fernando “N”, al perito en criminalística Ulises Adrián “N” y al agente del MP, Óscar “N”, para que se les castigue y se les impida ejercer su profesión.

Liliana estudió hasta la secundaria, se dedicaba a bordar cinturones y su sueño era ser maestra, por lo que desde agosto de 2019 trabajaba como instructora rural en el programa del Consejo Nacional de Fomneto Educativo (Conafe).

La CEDHJ le pidió a las autoridades estatales señaladas que se realice a favor de las víctimas indirectas, la reparación y atención integral del daño, para lo cual deberán otorgar todas las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición que resulten procedentes.

Al fiscal estatal, Gerardo Octavio Solís Gómez, se le solicita que inicie procedimiento de responsabilidad administrativa, se sancione a los involucrados y se anexe copia a los expedientes. Además, que se ofrezca una disculpa a las víctimas indirectas.

La CEDHJ exhortó al gobierno de Jalisco a que se haga una agencia ministerial especializada para atender casos de violencia contra las mujeres en las comunidades wixáritari.