Guadalajara, Jalisco.

Accionistas de Sello Rojo denuncian "compra" de justicia y corrupción por parte del político de origen panista, Abraham González Uyeda y del actual coordinador del Consejo Cámaras Industriales de Jalisco, Rubén González Uyeda para "secuestrar" la empresa jalisciense, que representa el 8% de la industria lechera del país.

Tomie González Uyeda habló en representación de los accionistas despojados por medidas cautelares dictadas por el Juez Séptimo de lo Mercantil, Juan Pablo González Magaña el pasado 4 de julio.

Expuso que éste es un claro ejemplo de la necesidad de limpiar el Sistema de Justicia.

La empresa Sello Rojo fue entregada el pasado 5 de julio a un grupo minoritario, quienes representan apenas el 25% de las acciones, para nombrar como administrador único a Rubén González Uyeda, a través de medidas cautelares "ilegales", en las que se estableció una contrafianza de 400 millones de pesos, aseguró el abogado, Patricio Fernández, quien precisó que el juez se excedió en atribuciones al tomar decisiones que solo le competen al Consejo de Administración de acuerdo con la Ley de Sociedades Mercantiles.

El representante legal afirmó que se lograron estas acciones legales con la complicidad de la Fiscalía del Estado, Fiscalía General de la República y el juez, de quien esperan su destitución.

Lechera Guadalajara, conocida por la marca Sello Rojo, fue fundada en 1961 por Roberto González de la Torre, abuelo de los accionistas en conflicto.

La empresa tiene presencia en 17 estados y le da empleo a 5 mil personas.

Los herederos despojados aseveran que desde que el coordinador del CCIJ tomó posesión de la administración, empezó su desmantelamiento en Ciudad Victoria y Acapulco en la opacidad, sin que se rindan cuentas.