Ciudad de México, México.

La extradición a Estados Unidos del mexicano Rafael Caro Quintero, quien fuera el narcotraficante más buscado por la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA) y de cuya última detención se cumple un año este sábado, se ha convertido en una de las monedas de cambio de México para presionar a Washington en sus negociaciones en materia de seguridad.

Tras ser detenido por segunda vez por las autoridades mexicanas cuando se guarecía en la sierra del norteño estado de Sinaloa, Quintero, conocido como el "narco de narcos" durante la década de 1980, está a la espera de ser entregado a la justicia estadounidense.

No obstante, analistas consideran que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador estaría dilatando el proceso para presionar a Washington en negociaciones relacionadas con el tráfico de armas o de fentanilo, un opioide sintético que ha causado decenas de miles de muertes por sobredosis en EE.UU.

"Todo parece indicar que el Gobierno mexicano le está permitiendo a Caro Quintero avanzar en todos los recursos para frenar su extradición hasta que llegue a una negociación", explicó a EFE el especialista en seguridad pública David Saucedo.

La extradición del narcotraficante podría entrar dentro de un amplio paquete de medidas de seguridad entre ambos países, según el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Javier Oliva, pero no servirá para resolver asuntos concretos.

"Caro Quintero por el fentanilo lo descarto. Pero en un acuerdo más amplio sí es posible esa opción", dijo en una entrevista.

El estado de "punto muerto" en el que está el proceso, consideró, es común en casos mediáticos y se debe a los recursos dilatorios interpuestos por la defensa del delincuente, que aprovechan vacíos o contradicciones de la ley mexicana.