Guadalajara, Jalisco.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha encontrado irregularidades en la ejecución del dinero que otorga el Gobierno federal para la reestructuración de dos créditos. Los principales señalados son el SIAPA y el Ayuntamiento de Guadalajara, durante la cuenta pública 2016.

En el caso de Guadalajara, los principales hallazgos que se revisaron a 2 mil 313 millones de pesos, se enfocan en la falta de vigilancia de los recursos, que ocasionaron que hubiera disminuciones temporales de dinero, por un monto superior a los 41 millones de pesos, que después fueron reintegrados por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf).

Uno de los señalamientos que hace la ASF dice que en 2017, se reestructuró el crédito a largo plazo vigente en 2016 con BBVA Bancomer y se observó que éste condicionó la reestructuración al establecimiento de acuerdos para la prestación de servicios bancarios que eran independientes al contrato original de reestructuración. Lo que podría violentar las nuevas disposiciones de contabilidad gubernamental.

En el caso del SIAPA, la ASF acreditó que no se realizó una licitación pública para contratar deuda por 800 millones de pesos. Tampoco se administraron con eficiencia los recursos “debido a que en el contrato no se estableció un plazo para disponer de los recursos en función a las necesidades de pago y se dispuso del financiamiento en diciembre de 2016, aunque no se utilizó en su totalidad para el pago de los contratistas y se invirtieron los remanentes, lo que afectó su patrimonio en 10.2 millones de pesos por el diferencial entre la tasa activa y la tasa pasiva de diciembre de 2016 a junio de 2017”.

Otra irregularidad encontrada en el SIAPA es que en ese año, 2016, se contrataron servicios de asesoría jurídico financiera de un despacho externo, para refinanciar y adquirir deuda pública. Se observó que el despacho negoció, administró y controló la información que se utilizó en los procesos competitivos, analizó las ofertas presentadas por las instituciones financieras y determinó la mejor oferta.

“Estas acciones fueron responsabilidad del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado y del Gobierno del Estado de Jalisco. Por los servicios de asesoría se pagaron 10.7 millones de pesos al despacho”.

El informe señala que durante el 2016, la ASF fiscalizó con un enfoque integral el proceso de contratación de los financiamientos y la gestión de los recursos obtenidos, la sostenibilidad de las finanzas y de la deuda pública, así como la revelación de todo lo anterior en la información contable y financiera.