Guadalajara, Jalisco.
Más de mil millones de pesos, por laudos no pagados en 80 municipios, ponen a temblar a los nuevos ayuntamientos, con el riesgo incluso de los alcaldes o síndicos entrantes sean suspendidos, a pesar de que recién asuman su cargo.
El diputado Jorge Arana Arana, presidente de la Comisión de Gobernación, detalló cuantos procesos de suspensión contra alcaldes han sido presentados ante el Congreso de Jalisco.
“Decirte que tenemos en promedio 600 procesos de laudos en lo que ha llegado a la Comisión de Gobernación. Solo ha habido una suspensión en la legislatura, que está vigente, del síndico de Tomatlán, que tuvo que ser suspendido por el pleno del Congreso. Dicen que ya pagó, pero independientemente que no haya pagado, el proceso sigue, es decir, tiene que pagar”, explicó Arana.
Detalló cuáles son los municipios que concentran los mayores adeudos en laudos:
Los metropolitanos por el tamaño: Guadalajara, Tlajomulco, Zapopan, Tonalá. Y fuera de los metropolitanos, Puerto Vallarta y otros. Pero hay algunos que tienen demandas por dos o tres millones de pesos, que en cifras parece no ser mucho, pero en realidad para algunos municipios es demasiado. En esos momentos es cuando menos dinero tienen los municipios
-¿Y esta cantidad de mil millones en cuáles municipios se englobaría?- pregunta el reportero
-De los 125 municipios, en 80- Si debieran pagar el monto total de laudos, serían mil millones.
Añadió que actualmente la ley no distingue quién fue el alcalde que despidió injustificadamente a un empleado, sino que simplemente, los tribunales requieren el pago de indemnizaciones y sueldos caídos a quien este en el cargo cuando salga la resolución definitiva, conocida como laudo. Y las amenazas de suspensión caen sin deberla ni temerla.
Por eso, Arana Arana presentó una iniciativa, para que la sanción recaiga sobre los funcionarios responsables del despido injustificado. Pero quedó congelada.
Recomendó a los nuevos alcaldes que los funcionarios de confianza entreguen su renuncia firmada en cuanto asuman el cargo, para que luego no chantajeen a los municipios dañando al erario.
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