Guadalajara, Jalisco.

El Comité Académico de la Gestión Integral del Agua de Jalisco (CAGIAJ), conformado por nueve profesoras y profesores del Iteso, la Universidad Panamericana, la Universidad Tecnológica de Jalisco y la Universidad de Guadalajara, presentó su Informe técnico sobre la viabilidad de la presa El Zapotillo ayer.

A iniciativa de la LXI legislatura, el Comité se creó en mayo del 2016 y en agosto del 2017 citó a comparecer a los titulares de la Comisión Estatal del Agua (CEA) y las secretarías relacionadas con la presa construida en el municipio de Cañadas de Obregón: Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET); Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF); Infraestructura y Obra Pública (SIOP); Desarrollo Rural (SEDER); Desarrollo Económico (SEDECO), y General de Gobierno.

Resultado de la comparecencia, los miembros del Comité Académico para la Gestión Integral del Agua de Jalisco presentaron algunas observaciones sobre los temas que consideraron inconclusos o insuficientemente defendidos por los funcionarios públicos con el fin de encontrar salidas a la presa El Zapotillo, cuya altura, según el gobernador Aristóteles Sandoval, debe quedar a 105 metros.

Aquí nueve problemas que el CAGIAJ señaló sobre la construcción de la presa El Zapotillo y el trasvase de agua a León, Guanajuato.

1. Falta de información

Según el CAGIAJ, no hay información suficiente sobre los términos de la cancelación del contrato con la empresa constructora de la presa, Abengoa, y las indemnizaciones económicas que esta podría reclamar ante una anulación del compromiso. Además

“no se abordó información suficiente sobre los proyectos y costos de los ramales proyectados para dotar de agua a la región de Los Altos, los cuales fluirían a partir del acueducto. En caso de llevarse a cabo las obras de conclusión de la presa, se debe asegurar que los gastos sean transparentes y sujetos a auditoría ciudadana en un marco de rendición de cuentas. Asimismo, es urgente transparentar lo que ya se ha erogado hasta la fecha”.

2. Asegurar agua para Jalisco

En su informe, el CAGIAJ reclamó a los secretarios del Gobierno de Jalisco comparecientes que “se requiere asegurar primero el porcentaje para Jalisco, mismo que se espera que sea de 76 por ciento como mínimo, tal como lo plantea el Ejecutivo”. Las y los académicos exhibieron que "no existe información económica, ambiental y de gestión pública suficiente para justificar el trasvase”.

3. Opacidad

“El proyecto El Zapotillo ha demostrado manejar un proceso de información poco transparente, lleno de inconsistencias y diversas violaciones a los derechos humanos, especialmente en relación a las poblaciones potencialmente inundables -Temacapulín sobre todo- y su posible proceso de reasentamiento”

4. Manejo político de la información

Aunado a la opacidad, el CAGIAJ reprobó el uso de estudios técnicos, como el de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicio para Proyectos (UNOPS)

“Sus escenarios solo dan cuenta de si la presa debe quedarse a 80 metros o subirse a 105 metros sin ofrecer otras perspectivas (…) A pesar de que en el proceso del estudio de UNOPS haya sido un estudio 100 por ciento técnico, se ha manejado con tintes políticos por parte del Poder Ejecutivo"

5. Falta de justicia para los afectados

Las y los integrantes de la CAGIAJ, consideraron que no se siguen protocolos encaminados a proteger los derechos humanos de los afectados, en este caso, las poblaciones de Acasijo, Palmarejo y Temecapulín.

“Debería tenerse presente que el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos relacionados con proyectos de desarrollo e infraestructura (SCJN, 2014) indica que es un deber realizar un análisis profundo de la situación de los posibles afectados, buscando en todo momento salvaguardar los derechos humanos y no violentar los mismos, aún en forma de limitarlos. Esto supone utilizar una técnica jurídica denominada ponderación, es decir, analizar profundamente qué es lo que más favorece a todas las partes, teniendo como referencia el catálogo de derechos humanos.

Un Estado de Derecho debe velar para que, en todas las actuaciones o políticas públicas, se garanticen lo más ampliamente posible los derechos humanos. En términos generales, el proyecto específico de reasentamiento ha sido opaco y con grandes deficiencias que atentan contra la integridad de las comunidades.Están siendo vulnerados al menos los derechos a la libre determinación, de acceso a la información, a la participación, a la consulta, y al debido proceso de todos los posiblemente afectados por el proyecto al no integrarles asertivamente en las implicaciones y decisiones públicas”.

6. Falta de propuestas sobre la gestión integral del agua

Las y los académicos dijeron sentirse extrañados de que el Gobierno de Jalisco, y sus secretarios comparecientes, no propusieron alternativas a la construcción de El Zapotillo, como reutilización de agua, imponer tarifas de acuerdo al consumo del agua, reparación de redes de distribución o captación de agua de lluvia.

“Se desprende de estas comparecencias que no hay un conocimiento del significado aplicativo del concepto y principio –además de mandato legal– de gestión integral del agua con visión de cuenca”.

- Tres conclusiones -

Los señalamientos de la CAGIAJ terminaron en tres problemas que el Gobierno de Jalisco debe resolver con celeridad:

7. No existen procesos adecuadamente definidos y desarrollados en ninguna de las etapas de política pública en torno al proyecto de la Presa El Zapotillo.

Según las y los integrantes de la CAGIAJ, “debe ponerse en el centro del problema la gestión integral del agua (…) con todas sus relaciones multicausales y bidireccionales que se desarrollen a lo largo de las dimensiones económicas, sociales, ambientales y de gobernanza ambiental alrededor del proyecto”.

8. Los instrumentos y metodologías ambientales han sido insuficientes e inadecuadamente aplicados u omitidos.

“Toda la información hasta ahora observada demuestra con claridad que, en la cuenca pretendidamente donante, no existen las condiciones de excedente hídrico en la cuenta, que permitirán pensar en un posible trasvase sin menoscabar los procesos ambientales”, señala la CAGIAJ.

9. No es demostrable la supremacía del interés público superior o primordial –el derecho al agua–.

“Mientras no esté debidamente demostrado, deliberado y socializado que el bien mayor de acceso al agua sea superior a las inversiones económicas hasta ahora realizadas (así como las pendientes de realizar), la obra no es justificable desde el punto de vista social, económico o ambiental aún en la etapa actual de avance en el desarrollo y erogación de inversiones ya realizada en la construcción del proyecto.”

El informe del Comité Académico de la Gestión Integral del Agua de Jalisco puede consultarse aquí: