Por Luz Atilano

Tomando como eje central el tema de la migración, María Rita Chávez Gutiérrez, doctora en Derecho e investigadora del Departamento de Desarrollo Social del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara, ha desarrollado desde hace algunos años, junto a varios de sus colegas, una investigación a fondo sobre las situaciones que atraviesan los jornaleros en las siete regiones agroindustriales de México.

Este trabajo que dice se derivó de su tesis doctoral, donde se abordaba en particular la situación de los jornaleros del valle de Sayula, se extendió así a abordar la problemática general que se vive en el país y arrojó asimismo resultados correspondientes a todo el estado y algunos focos para Los Altos de Jalisco:

«En la zona de Los Altos, propiamente, no tenemos registrado muchos específicamente; sin embargo hay datos que yo recopilé de 2014, en los que sí se ubica el trabajo jornalero en esa zona. En aquel entonces, nosotros identificamos el trabajo en una empresa en Lagos de Moreno, en sus límites con Aguascalientes, que la misma Comisión de Derechos Humanos identificó cierta explotación laboral en esa zona porque se encontraron en ese entonces cerca de 700 jornaleros que se dedicaban al cultivo de hortalizas, se encontraban trabajando niños, creo que como 40 niños en zonas de invernaderos. Todavía hay pero no se ha hecho un recuento actualizado sobre la explotación laboral en la zona de Los Altos».

Es en este sentido que, afirma Chávez Gutiérrez, se abre una posibilidad de estudio que como en el resto del país, no ha sido del todo atendida. Resulta necesario entonces que tanto autoridades como cuerpos de investigación aborden esta situación en la región específica de los Altos de Jalisco.

Y es que, lamenta, si bien los datos identificados en la zona son alarmantes, esto no es algo nuevo con respecto al resto de las regiones agro productoras conformadas por jornaleros en México; pues los datos estiman que son más de 5 millones 955 mil jornaleros migrantes o propios del lugar los que laboran en el país aunque sólo poco más del millón y medio son contratados. Es decir, se contrata a empleados que llevan al campo a trabajar a toda su familia a cambio de un solo sueldo, que casi siempre es por menos de dos salarios mínimos. Situación que, desde luego, se repite en cada región:

«Un millón 543 son los que se contratan, pero llama la atención que los otros cuatro millones son jornaleros que les llamamos acompañantes, son las familias que acompañan a los jornaleros. Entonces, dice uno “bueno… ¿por qué son tan poquitos en realidad los que están en nómina?, esto es algo serio porque dentro de los otros cuatro millones están las esposas y los hijos que ayudan a los jornaleros, que esos no están en nómina porque se contratan por familias. En ese contexto, Jalisco anualmente recibe a aproximadamente 306 mil jornaleros de los cuales 80 mil son contratados y 225 mil son acompañantes. Estos jornaleros se distribuyen a través de los municipios de Jalisco para realizar alguna actividad en ciertas zonas agrícolas».

La explotación laboral es una de las 11 modalidades tipificadas en la Ley para Prevenir, Combatir y Erradicar la Trata de Personas. Y en este caso, según la investigación de la doctora Chávez Gutiérrez, su práctica se explica con la abismal diferencia entre el trabajo que los jornaleros prestan y la remuneración que reciben. Las condiciones en que se da su trabajo no son las que legalmente deberían tener conforme a la Ley Federal del Trabajo y las condiciones de vivienda en los albergues de jornaleros no son las óptimas ni en cuanto a espacio e infraestructura ni en cuanto a salubridad y alimentación. Lo que representa serias violaciones a los derechos humanos

Ante este desalentador panorama, las propuestas que esta investigación a cargo del Cuerpo académico Transformación Social del CUCSH arroja algunas propuestas como son una intervención integral de instituciones a grande escala: de la Secretaría del Trabajo, de la Procuraduría Agraria y de la Secretaría de Desarrollo Social, así como de las Secretarías de Salud y Economía; la aplicación en sentido estricto de la Ley Federal del Trabajo adaptándose a cada sitio y en sus particulares diferencias. En suma, el gran pendiente o la gran carencia tiene que ver con la falta de voluntad política.