Lagos de Moreno, Jalisco

Te presentamos un recuento de la investigación que este espacio informativo ha emprendido, en la que destacan omisiones, negligencias y violaciones a los derechos humanos del joven y de sus familiares directos.

Por Luz Atilano y Gabriela Arreola

A dos meses de la muerte de Joel Isidro Salas Armendáriz, el joven de 20 años que el miércoles 24 de mayo subió a una de las torres del templo de El Refugio con la supuesta intención de acabar con su vida, y que una vez puesto fuera de peligro murió bajo custodia de Policía Municipal, ninguna autoridad ha emitido declaraciones públicas para esclarecer el suceso.

Mientras que los familiares directos del joven se encuentran a la espera de saber lo que realmente ocurrió y consideran que la información que hasta el momento se les ha dado es insuficiente, el Ayuntamiento de Lagos de Moreno ha decidido permanecer en el mutismo quizá en espera de que el suceso se olvide para así deslindarse de su responsabilidad.

La Fiscalía General del Estado (Región Altos Norte), que de inmediato  abrió una carpeta de investigación, no ha llegado todavía a una resolución, y la queja emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos tampoco ha arrojado un resultado contundente.

Y es que, a pesar de que este medio no cuenta con la información precisa que Fiscalía, Derechos Humanos u otra de las instancias implicadas tienen en sus manos, a 60 días del suceso es posible llegar a algunas conclusiones, todas, referentes a negligencias y omisiones:

  • Fue una maniobra equivocada retener a Joel en la cárcel municipal cuando el joven debió ser atendido por personal médico y posteriormente trasladado a un hospital psiquiátrico en Guadalajara a fin de que se le diera atención especializada y adecuada a su caso.
  • Las autoridades municipales pasaron por encima de los protocolos de actuación. Incluso, deducimos que ni siquiera tienen conocimiento de los mismos. No están preparadas para enfrentar este tipo de crisis.

Al respecto, Luis Miguel Sánchez Loyo, doctor en Ciencias del comportamiento, representante en México de la Asociación de Suicidología de América Latina y el Caribe y también socio de la Asociación Internacional de la Prevención del Suicidio declaró:

“Sin lugar a dudas el chico una vez que fue rescatado, es decir que fue alejado del peligro, debió haber quedado bajo custodia de los servicios de salud porque a lo mejor el chico tuvo un desequilibrio fisiológico por haber estado expuesto al sol, por no haber tomado líquidos, por no haber comido, por la intoxicación que tenía por estupefacientes, pudieron haber sido muchas cosas, entonces debió haber quedado bajo resguardo de los servicios de salud y ser valorado lo antes posible por un profesional en salud mental; lo ideal y lo que marca la normatividad es por un psiquiatra, pero a veces hay algunos psicólogos que hace esa valoración, pero lo ideal es por un psiquiatra y que pondera si el chico requiere ser trasladado para su internamiento, pero en este proceso siempre el paciente queda bajo custodia de alguna autoridad, entiendo que intentaron hacer eso con este muchacho pero la autoridad que se hizo responsable fue Seguridad Pública y entonces el chico sufre un problema de salud que Seguridad Pública no supo responder y da como resultado el fallecimiento de la persona.”

  • Por otro lado, es  evidente que de varias formas, y en diferentes momentos, se violaron los derechos humanos de Joel Salas.

Francisco Macías Medina, especialista en materia de Derechos Humanos y ex integrante del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) dice:

“Aquí lo que encontramos es una cadena de omisiones de la corporación policial para poder encuadrar el caso en un asunto de salud, que deriva en una deficiente intervención de manejo de la custodia de la persona con un grave riesgo a su integridad física que yo bajo mi punto de vista catalogaría como un trato cruel, inhumano y degradante, y en los casos de salud mental, las únicas personas que tienen la posibilidad de garantizar derechos, siempre y cuando la persona esté en riesgo su propia integridad o la integridad de terceros, es la autoridad de salud, es decir un personal médico calificado que en este caso debió de haber sido un médico psiquiatra competente.”

Hay que recordar que esta violación a los derechos humanos también implica la negación de información tanto a los familiares del joven, como (que debió y aún debe otorgarse aun de forma prudente y como un ejercicio de rendición de cuentas) a la sociedad en general, pues se trata de un suceso ocurrido en el interior de un edificio gubernamental y bajo el resguardo de servidores públicos.

“De acuerdo con los principios internacionales cuando hay una denuncia donde se alega que hay una violación a los derechos humanos, en este caso grave, la autoridad tiene que tomar medidas para que la información pueda ser adecuada, obviamente siempre respetando la parte de la protección de los datos personales y también evitando que se cause un sufrimiento en este caso de los familiares y de las víctimas indirectas de este caso. Que en este caso pues decimos, la familia… pero también los amigos y aquellas personas con las que tenía relación el hoy fallecido. Esto, está contemplado claramente en la Ley General de Víctimas, ahí la autoridad tiene la obligación de mantener informada a la familia y evitar precisamente que esa victimización se incremente. Y cuando digo victimización no sólo son las cuestiones derivadas por la propia pérdida de la persona… sino además implica un quehacer activo de la autoridad para evitar que la falta de información o la dinámica de los procedimientos evite que las personas tengan un sufrimiento.”

Recordemos que hacer pública la información sobre el caso, de la manera correcta, ofrecería un precedente que en materia de derechos Humanos tendría que garantizar que no se vuelva a incurrir en estas fallas, obligación de las instancias implicadas.

“En el caso de la autoridad, puede deslindar la responsabilidad y en este caso ofrecer una reparación, que en este caso es irreparable la pérdida de la vida, pero ofrecer una reparación para la familia y una aceptación de la responsabilidad pública que posibilite re dignificar la situación que se dio y sobre todo una muy importante, que sería la parte de ofrecer garantías de no repetición, cuando digo esto es que el hecho, que en sí mismo es irreversible, sirva o sea útil para evitar que esto vuelva a pasar en otro momento.”

No obstante, hay que decir que hasta la fecha no se ha dado respuesta a gran parte de las peticiones realizadas por este espacio informativo desde el pasado 26 de mayo. De los oficios entregados a autoridades estatales y municipales, aunque con suma reserva sólo Hospital Regional y Fiscalía General del Estado ofrecieron entrevista. El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses región Altos Norte, DIF Municipal y Protección Civil respondieron negativamente; mientras que Policía Municipal y el Ayuntamiento en general, continúan evadiendo el tema, y excusándose con agendas apretadas, han negado a este espacio entrevistas pregrabadas o en vivo con el presidente municipal, Juan Alberto Márquez de Anda, para abordar este e incluso otros temas.

Los familiares de Joel han externado a este espacio que no han recibido información precisa sobre lo realmente sucedido, ellos consideran que no se ha actuado de la manera correcta y que la dilación en las investigaciones y la respectiva impartición de justicia deja mucho que desear.

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