Guadalajara, Jalisco.

El pasado 20 de diciembre, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió su última recomendación del año pasa conmemorar la primera década en la que emitieron una recomendación que no fue solventada.

Se trata de la recomendación 35 del 2009 donde piden al Gobierno Estatal que cumpla el debido proceso y el derecho a consulta, para evitar la construcción y ahora puesta en marcha de la presa El Zapotillo.

De acuerdo con el documento que se publicó apenas este martes, se acreditó la vulneración de los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica, a la propiedad, a la vivienda, a la conservación del ambiente, al patrimonio común de la humanidad, al desarrollo y a la salud.

Los entes gubernamentales que incurrieron en falta fueron la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y autoridades estatales de Jalisco y Guanajuato de inundar las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo.

En agosto de 2017, un grupo de agraviados volvió a ir a la CEDHJ para pedir que se retomara la recomendación 35/2009.

Después de evaluar el seguimiento del caso, la institución concluye que “el Gobierno del Estado ha continuado con la vulneración de los derechos humanos de los habitantes de las comunidades de Temacapulín y Palmarejo, municipio de Cañadas de Obregón; y Acasico, municipio de Mexticacán, desde que se emitió la Recomendación 35/2009”.

Ante esto, la CEDHJ le pide ahora al gobernador Enrique Alfaro Ramírez que cumpla, entre otras, con los siguientes puntos:

1.- Cumpla con la eficacia de las propuestas de la recomendación 35/2009.

2.- Cumpla con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la invalidez del convenio de aguas celebrado entre el Gobierno de Jalisco con la Conagua y el Gobierno de Guanajuato.

3.- Asuma una postura como gestor social y representante de los jaliscienses.

4.- Se creen mecanismos de comunicación para evitar ambientes hostiles y de zozobra entre los actores.

5.- Se transparenten los recursos, proyectos, presupuestos y agentes que intervengan en las obras públicas que afecten a las comunidades.

6.- Se garanticen los derechos a la salud, educación y desarrollo integral a las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo.

7.- Que los municipios sean informados de los acuerdos que pudieran afectarlos.

8.- Se realicen reuniones periódicas para informar los avances del proyecto El Zapotillo.

9.- Se anuncie públicamente, después de los debidos peritajes, de la liberación de Temacapulin como una población susceptible de ser inundada.

10.- Se garanticen todos los derechos a las personas desplazadas a Talicoyunque, el poblado creado para enviar a los pobladores afectados por la construcción de El Zapotillo.