SCJN resolverá conflicto de diputados locales y juzgados federales




Guadalajara, Jalisco.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió una controversia en contra de las sentencias que algunos juzgados federales han emitido para intentar modificar los nombramientos de magistrados de Jalisco, y que a decir de diputados locales, atentan con la autonomía y soberanía del estado.

Así lo reveló Ismael del Toro, diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local.

“El miércoles pasado fue admitida la controversia. Recordarán que en primera instancia se desechó la controversia presentada por el Legislativo, peor promovimos un recurso de revisión que permitió que le den entrada por parte de la SCJN. Calculamos que a siguiente semana se dicten medidas cautelares y ya es un gran avance el hecho que la Corte admite la controversia es porque realmente le vio fondo a lo planteado por el Poder Legislativo Y nos abre un panorama muy alentador para resolver de fondo todos estos casos”.

Con esto buscan que la Corte emita criterios para que termine, de una vez por todas, lo que los diputados consideran resoluciones excesivas de parte de los juzgados de distrito.

“Esta controversia es por un tema en específico peor va a resolver de fondo esa mala interpretación que se había dado por parte de los tribunales federales, de la potestad constitucional que tiene el Congreso para elegir a los miembros del Poder Judicial”.

El caso más sonado es el del magistrado Antonio Flores Allende, en el que el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo ha multado económicamente a los diputados y los ha arrinconado para que destituyan a ese magistrado, e incluso les ha ordenado la forma en que deben llenar una tabla con indicadores como curriculum, publicaciones, años de experiencia, entre otras, para que voten.

Esto no es un requisito en la Constitución de Jalisco ni en la Ley Orgánica del Poder Legislativo o Judicial, que para bien o para mal, simplemente contempla que los diputados voten sin necesidad de justificar el sentido de su decisión, según argumenta el Congreso.