Por Luz Atilano

En sesión de la comisión edilicia de Justicia y Derechos Humanos, llevada a cabo este viernes 17 de mayo en Presidencia Municipal, el visitador regional en Altos Norte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, José Mavio Ramírez Trejo, rindió un informe sobre su intervención en los sucesos ocurridos el pasado lunes 13 de mayo en el poblado indígena San Juan Bautista de La Laguna.

De inicio, el funcionario indicó que gracias a diferentes llamadas telefónicas de instancias estatales y de ciudadanos que externaban preocupación, la Comisión abrió una queja de oficio para investigar la detención de tres manifestantes que protestaban contra la instalación del gasoducto en su comunidad. El motivo inicial de esta queja fue que se señalaba como extraviados a los detenidos, pues se desconocía el destino que habían tomado las patrullas, situación que también argumentaron familiares de uno de ellos, que acudieron a la instancia a alrededor de las 16 horas con 30 minutos, poco más de un par de horas después de las detenciones.

Según lo relatado por Ramírez Trejo, tras corroborar que en Comisaría Municipal se tomó a los detenidos un parte médico, la diligencia de Derechos Humanos se dirigió a la delegación regional de Fiscalía General del Estado, a donde se les informó habían sido trasladados y cuyo personal demostró gran hermetismo en el manejo de la información:

“Nos llamó mucho la atención el hermetismo con el que se manejaba esta información, el subdirector de la Fiscalía nos dice ‘sí están puestos a disposición pero todavía no me entregan el oficio’… eso va en contra de una de una de las normas del Código de Procedimientos Penales, que es poner inmediatamente a disposición  de la autoridad a un detenido. Entonces, llamamos a Guadalajara con el director de Seguridad Pública, que es el que tiene a su cargo a los elementos de la Fuerza Única Regional, y nos dice, efectivamente, ‘agentes de la Fuerza Única intervinieron pero ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público’. Aun así, nos permitieron ver a los detenidos hasta alrededor de las siete de la noche… entonces, desde ahí ya nos llamó mucho la atención”.

Fue incluso desde entonces, cuando Derechos Humanos detectó varias inconsistencias en las versiones oficiales de los hechos. Lo siguiente externó el visitador regional al respecto:

“Otra cosa que nos llamó la atención es que en la manifestación según la información que proporcionan tanto los agentes de Seguridad Pública del Estado como las personas que estuvieron presentes, dicen que había alrededor de 30 manifestantes y que había presencia tanto de agentes de Tránsito del estado [municipales] como agente de la Policía Municipal de Lagos de Moreno y agentes de la Policía Estatal… también eso nos llamó la atención: la prontitud con que acudieron los agentes de los dos niveles de gobierno para proteger a una empresa… probablemente son muy efectivos y nos da gusto; aquí otra cosa que viene desencadenada de la anterior es el hecho de que de 30 manifestantes solamente detienen a tres y también hay una confusión porque algunos dicen que los ponen por riña y en este caso si hubiera riña hubiera sido entre la empresa gasera y los manifestantes, situación que no hay elementos para suponer que esto existiera. Luego, nos manifiestan que puede ser por daño en las cosas porque causaron daños en los ductos, situación que tampoco queda acreditada. Y finalmente nos dicen ‘están por resistencia de particulares a una orden o un mandamiento de autoridad’, situación que según se advierte y según manifestaron los detenidos, no ocurrió y parece que el origen del problema es porque el Ayuntamiento no respetó una prórroga que solicitaron los manifestantes para que se realizara esa obra o para que se atendieran varios asuntos relacionados con la obra antes de que se diera continuidad”.

Si bien la resolución del Ministerio Público fue la liberación de los detenidos cerca de 20 horas después, ya el martes 14 de mayo, de acuerdo con José Mavio Ramírez Trejo, para Derechos Humanos quedan aún lagunas en cuanto a la investigación: si fue por falta de elementos o porque la medida precautoria establecida por el Código Nacional de Procedimientos Penales para el tipo de delitos señalados por Fiscalía no sea de prisión preventiva.

La visitaduría regional de la CEDHJ continúa en la actualidad la investigación. Y tal como se informó en días anteriores, existen dos quejas integradas: la mencionada y una más presentada en Guadalajara relacionada también con estos hechos. Por lo pronto, resta conocer la determinación del agente del Ministerio Público con respecto a la causa de libertad y si la carpeta de investigación de Fiscalía se sigue integrando.

De entrada, señaló Ramírez Trejo, preocupan tres aspectos: la presunta violación del derecho a la legalidad si se contaba con un compromiso del Ayuntamiento y no se respetó; la presunta violación del derecho a la libre manifestación de ideas y quién o quienes dieron la orden represiva; así como la posible derivación que este desenlace podría llevar hacia una específica forma de actuar del Ayuntamiento en la represión de acciones de protesta.