Guadalajara, Jalisco.

Ante los casos del alcalde de Tequila, Diego Rivera, detenido por extorsión y secuestro y del diputado del PT, Leonardo Almaguer, quien hace 21 años estuvo detenido por robo, la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso, presentó un paquete de acuerdos legislativos “para blindar” a las instituciones del crimen organizado.

El coordinador de la bancada de MC, José Luis Tostado, señaló que es urgente tomar acciones frente a la infiltración del crimen organizado y cerrar el paso a quienes pretenden capturar gobiernos, instituciones y decisiones públicas.

“Seamos transparentes, seamos claros, no son temas menores los que estamos debatiendo. No es tema menor lo de Tequila, no es tema menor lo que ha sucedido con nuestro compañero legislador. Insisto, respetando al compañero.

Evitemos que estos eventos sucedan, no es correcto que sea una investigación periodística la que haga del conocimiento de estos temas y a toro pasado, además, dijo.”

La bancada de MC presentó los siguientes acuerdos legislativos:

Que el diputado del Partido del Trabajo, Leonardo Almaguer, señalado por actos de delincuencia, rinda cuentas a los ciudadanos.

Que la Contraloría del Estado y el titular del órgano de control del Poder Legislativo intervengan para investigar y determinar responsabilidades en el caso del diputado Leonardo Almaguer.

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Exhorto de manera urgente al Congreso de la Unión, para que apruebe idoneidad de perfiles y combate a la infiltración del crimen organizado en la función pública.

La diputada Mónica Magaña señaló que ni en Jalisco ni en el país “se normalice” la infiltración de la delincuencia en la política.

“Es una iniciativa de ley para que el Instituto Electoral del estado y los partidos políticos tengan mayor rigor al momento de hacer las inscripciones de los candidatos.

No puede haber tolerancia, la tolerancia debe ser cero a quienes tienen un antecedente de crimen organizado o algún vínculo. Necesitamos absoluta rigurosidad de todos los partidos”, dijo.

• La diputada Alejandra Giadans explicó que falta actualizar la Ley Federal para incluir el secuestro y la extorsión como causales para suspender derechos político-electorales.