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En el camino para garantizar los derechos de las parejas del mismo sexo hay una oleada de discriminación.

Agni y Eduardo están a un paso de contraer nupcias, sin embargo han vivido episodios de discriminación y han atentado contra su dignidad.

La pareja denunció primero a través de las redes sociales el calvario por el que pasaron para poder realizar su boda civil en un hotel de Puerto Vallarta, ahora tomaron la decisión de detener esa oleada, qué violenta los derechos de la comunidad lésbico gay.

En el trascurso de esos ocho meses la pareja inició con los preparativos, sin embargo al ver que no había claridad en el contrato firmado con el hotel Sheraton de Puerto Vallarta, acudieron a buscar una solución.

Agni menciona que ante la falta de evidencias de que eran víctimas de discriminación al negarles un servicio por su preferencia sexual, se estima que una de cada dos personas de la comunidad LGBT son víctimas de discriminación, pidieron el apoyo para identificar la problemática.

La pareja señala que el trato que recibieron por parte de los gerentes del hotel fue sutil, violentado su derecho como clientes por su preferencia sexual.

Agni y Eduardo evitaron presentar una denuncia, tras asesoría de abogados y de la dirección de Turismo de Puerto Vallarta que a decir de especialistas estuvo alejada de garantizar sus derechos.

De acuerdo al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, las personas que son víctimas de homofobia son rechazadas en diferentes sectores de la sociedad, se manifiesta en exclusión, negación de servicios, estereotipos, estigma, violencia e invisibilidad.

En la próxima entrega, Agni y Eduardo exigen que casos como el de ellos no se vuelvan a repetir en Jalisco.

A nivel nacional, Jalisco fue el cuarto estado en legalizar el matrimonio monoparental, formalizando el año pasado Puerto Vallarta sus reglamentos civiles, aun así el Estado no garantiza la promoción y el respeto de los derechos de la comunidad LGBT.

Agni y Eduardo hacen público su caso de discriminación a escasos cuatro meses de llevar a cabo su boda en otro hotel de Puerto Vallarta, buscan prevenir que este tipo de actos se vuelvan a repetir en el sector privado.

Ellos fueron orillados en este camino por garantizar sus derechos a rescindir del contrato con el hotel Sheraton de Puerto Vallarta ante la seudo aceptación “de si pero aquí no”.

Los costos económicos que deja la probable discriminación de un particular a la pareja suman casi cien mil pesos, ellos exigen ser indemnizados.

La discriminación puede presentarse de manera directa o velada. El psicólogo Ángel Pimentel, director de la división profesional de psicología y diversidad sexual del Colegio de Profesionales de la Psicología de Jalisco, advirtió que es el pan de todos los días, afectando el libre desarrollo de la personalidad.

Por su parte, la directora médica de la Clínica de Estimulación Magnética Trascraneal, Thelma Sánchez Villanueva, señaló que la discriminación es un fenómeno social que agrede y lastima a las personas.

En estos casos, advirtió el presidente del Consejo Ciudadano en Pro de la Comunidad Lesbico, Gay, Bisexual, Trans, intersexual y más de Red Ciudadana, A.C, Angel Pimentel que la iniciativa privada se escuda con la leyenda de “derecho de admisión”.

Uno de los mayores daños que sufre la comunidad lésbico, gay, transexual y de más es la invisibilidad al negarles los servicios públicos y privados o el afecto físico espontáneo.

En la próxima entrega, el artículo primero de la Constitución Mexicana establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos. No podrán restringirse ni suspenderse. Queda prohibida toda discriminación por preferencia sexual, sin embargo este episodio es violentado.

En el camino para garantizar los derechos de las personas del mismo sexo, el Estado debe salvaguardad su integridad y la no discriminación, en caso contrario, independiente de sector que violente el artículo primero constitucional, el afectado deberá ser indemnizado como estable la Ley de Victimas.

El especialista en derechos humanos, José de Jesús Becerra Ramírez fundamentó el principio de la moralidad pública en la constitución.

En México está prohibido todo tipo de discriminación por preferencia sexual, la autoridad debe promover, respetar y garantizar los derechos humanos ante particulares, en caso contrario cae en omisión al no proteger la seguridad jurídica de las personas.

Para los especialistas el caso de Agni y Eduardo, como otros, deben ser denunciados ante la Fiscalía de Derechos Humanos de Jalisco y ante la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, sin embargo no se acude por temor, por los costos económicos-tiempo y tardanza en la impartición de justicia, expone el psicólogo Ángel Pimental.

En estos casos, el especialista en Derechos Humanos, José de Jesús Becerra afirmó que la autoridad debe supervisar y vigilar que los particulares cumplan con el principio de protección de los derechos.

Los derechos de expresión, circulación y reunión, consagrados por la Constitución mexicana y los tratados internacionales de derechos humanos, se violan de manera sistemática a la ciudadanía lesbicogay, así como su vida privada.

Lamentablemente en el país y en el estado se carece de un registro de denuncias, por lo difícil que resulta sustentar una queja por discriminación basada en la preferencia sexual, y en parte por el temor de las víctimas a la exposición pública y a las amenazas.

Agni y Eduardo se casarán en el mes de la no discriminación, el ocho de octubre, aunque tratan de dar vuelta a la página, exigen que en Jalisco se garantice los derechos de la comunidad LGBT.