Guadalajara, Jalisco. 

Militantes de Morena, la Red Jalisciense de Derechos Humanos y la diputada federal morenista, Laura Imelda Pérez Segura, presentaron en los juzgados federales un juicio de amparo indirecto en contra del acuerdo emitido el 19 de abril, por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, mediante el que se obliga al uso de cubrebocas a las personas que utilicen el transporte público y a quienes transiten por la vía pública.

Para la legisladora jalisciense de Morena, representante del distrito 16, con cabecera en Tlaquepaque, la detención y aplicación de multas a los ciudadanos, por no portar el cubrebocas, significa una violación a los derechos humanos de las personas, ya que viola el libre tránsito y vulnera la Constitución Federal, ya que el “estado de excepción” sólo lo puede decretar la federación, pero no los gobiernos estatales, ni los municipios.

“Recurrimos ante la autoridad judicial para interponer un amparo indirecto, a través del cual queremos dejar constancia de que las medidas estatales implican violaciones a los derechos humanos tutelados en el artículo 1º constitucional y violentan la jerarquización constitucional. Buscamos que Jalisco regrese al camino de la legalidad y respeto a la Constitución. Como un servicio a la comunidad, ponemos a disposición de la población, esta herramienta de defensa, se trata del documento de amparo de fácil llenado para el público en general, que considere que sus derechos han sido vulnerados”, expresó.

La legisladora jalisciense hizo también una petición desde la Cámara de Diputados, para que las comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos, rindan informes sobre los casos de abusos en contra de las personas sancionadas y detenidas, por no acatar las medidas obligatorias por la fase 3 de la emergencia sanitaria, ordenadas por el gobernador Enrique Alfaro, en especial, sobre los detenidos por no traer el cubrebocas.

“En mi carácter de representante popular, como diputada federal por Jalisco, presenté un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante el cual se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) a hacer público un informe sobre los posibles actos de violación de los derechos humanos, por la entrada en vigor del citado acuerdo estatal”, agregó.

Hasta el momento, las policías municipales han hecho 165 detenciones a las personas que se han resistido a traer puesto el cubrebocas, al caminar por las calles. Además, se han hecho otros 28 mil 433 apercibimientos.

A partir del 20 de abril a la fecha, se han disuelto 2 mil 541 reuniones en espacios públicos y se han clausurado más de 200 negocios, de los cuales 188 son giros no esenciales.