Guadalajara, Jalisco.

El Gobierno municipal no tiene solidez financiera para sostener el Sistema de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puerto Vallarta (SEAPAL), argumenta el Gobierno de Jalisco en una solicitud que envió al Congreso Local, para mantener el control de este organismo operador del vital líquido en este destino turístico.

Será la Comisión de Hacienda del Congreso Local, encabezada por Salvador Caro, la que atenderá esta solicitud del Poder Ejecutivo, tal y como fue turnado el documento presentado por Roberto López Lara, Secretario General de Gobierno. Ya se encuentra en análisis de los asesores legislativos.

El SEAPAL nació en 1977 y que desde entonces, es operado por el Ejecutivo, el cual por cierto, ha nombrado tradicionalmente a sus titulares. Algunos de ellos se han catapultado desde ese puesto, a la candidatura a la alcaldía vallartense.

El gobierno de Jalisco relata que si bien, en una reforma constitucional de 1999, se especifica que la prestación de servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas, es competencia de los municipios, la misma reforma contempla que los Gobiernos Estatales pueden solicitar a los Congresos Locales conservar la operación de estos servicios.

En 2016, el ayuntamiento de Puerto Vallarta solicitó la municipalización del SEAPAL, pero desde la óptica del gobierno de Jalisco, el municipio no ofreció elementos para fundamentar su petición.

Además, señalan que gracias a la inversión del Ejecutivo se ha logrado mantener en altos estándares de calidad y con finanzas sanas, a diferencia de lo que ocurre con otros organismos operadores del país.

Además , afirma Roberto López Lara en el documento, el Gobierno de Vallarta no podría concluir proyectos a mediano y largo plazo que son necesarios para fortalecer al SEAPAL y que solo se podrían materializar con recursos federales o estatales con los que un municipio no cuenta.

Fundamentan además que de acuerdo con la calificadora Fitch Ratings, en análisis del 2016 y 2017, la perspectiva crediticia de Puerto Vallarta es negativa, tiene pasivo circulante alto y liquidez limitada.

Añaden que la deuda de Vallarta es de 313 millones de pesos, por lo cual no se espera deuda de largo plazo. E incluso a este gobierno municipal se le retiró la calificación Triple B en noviembre de 2017. A esto se suma que el ayuntamiento ha optado por concesionar a particulares, servicios como alumbrado y recolección de residuos sólidos.

Concluyen que “toda vez que no es posible garantizar el derecho humano de acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible” para los ciudadanos de Puerto Vallarta, solicitan que el SEAPAL continúe en manos del Gobierno del Estado.

En Puerto Vallarta, ven esta solicitud como un albazo, ya que el municipio presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se le otorgue la municipalización, y el tema se resolvería el miércoles 10 de octubre.