Panamá, Panamá.

Unicef urgió este lunes a Latinoamérica y el Caribe "a mejorar y acelera los cambios" legales "para lograr una real protección" de la infancia y la adolescencia, que enfrenta diferentes formas de violencia en esta región.

Ese es el llamado que hizo el director regional de Unicef para América Latina y el Caribe, Bernt Aasen, al publicarse este lunes el estudio "Adecuación Normativa a la Convención sobre los Derechos del niño en América Latina: Avances y Deudas con la niñez".

De acuerdo con el informe, a 30 años de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, "la armonización integral de la legislación sigue siendo uno de los principales desafíos para los países de América Latina, a pesar de haber sido pioneros en ratificarla y de haber sancionado leyes específicas de protección de la niñez".

El estudio fue realizado entre mayo del 2018 y mayo del 2019 por el jurista argentino Alan Iud, y analiza los marcos normativos de 19 países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Venezuela y Uruguay.

DEUDAS PENDIENTES CON LA INFANCIA

En el informe se identifican como "deudas pendientes" con la niñez el que "la mayoría de los códigos civiles o de familia aún definen a las personas menores de 18 años como incapaces de realizar actos legales por sí mismos".

También que solo la mitad de los países prohíbe claramente la imposición de castigos corporales; que en 17 países no se reconoce el derecho de las niñas, niños y adolescentes a acceder a la información relativa a la salud de forma confidencial y autónoma; y que en 13 aún permiten el matrimonio de personas menores de 18 años.

Además, 11 países establecen una edad mínima de responsabilidad penal excesivamente baja, inferior a los 14 años, y 9 países admiten el empleo desde los 14 años o incluso desde los 12 años (con permiso).

"Solo 6 países prohíben el matrimonio por debajo de los 18 años, sin excepciones de ningún tipo; y solo tres países reconocen el derecho a la identidad de género de la niñez y adolescencia".

Para enfrentar esas deudas pendientes, Unicef "hace un llamado urgente" a las autoridades para proteger a las niñas, niños y adolescentes contra toda forma de violencia, prohibiendo la imposición de castigos corporales, facultándoles para realizar denuncias por sí mismos e incorporándoles como destinatarios de las leyes contra la violencia familiar y de género.

También a garantizar el derecho a la protección contra la violencia sexual, estableciendo la edad mínima para el consentimiento sexual y asegurando un enfoque diferenciado sobre niñez y adolescencia en las leyes contra la trata de personas.

En ese sentido, Unicef pide tipificar el grooming (contacto con fines sexuales en línea) y la sextorsión (forma de explotación sexual en la cual una persona es chantajeada, generalmente por aplicaciones de mensajería, con una imagen o vídeo de sí misma desnuda o realizando actos sexuales).

Además se deben promover medidas para evitar la separación familiar y para promover la desinstitucionalización de los menores; incorporarlos en las leyes sobre los derechos de los usuarios del sistema de salud; y limitar para ellos la duración de las sanciones privativas de la libertad y ampliar las salidas alternativas del proceso u otras formas de justicia restaurativa.

LOS LOGROS DE LA REGIÓN A 30 AÑOS DE LA FIRMA DE LA CONVENCIÓN

El informe recoge también los "principales logros de la región", entre ellos que los 19 países estudiados reconocen el principio de interés superior de las niñas y niños en su legislación interna, así como su derechos a que su nacimiento sea inscrito por medio de procedimientos sencillos, rápidos y gratuitos.

Los 19 países han ratificado los protocolos y el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y han establecido la separación familiar como último recurso.

Además, 16 países cuentan con códigos o leyes especiales de protección de las niñas, niños y adolescentes; y que 11 países otorgaron jerarquía constitucional a la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros logros.