Ciudad de México, México.

La Suprema Corte de Justicia de México admitió para revisión varias impugnaciones por parte del Ombudsman, un grupo de legisladores y gobiernos locales contra la polémica Ley de Seguridad Interior, según indican documentos de la máxima instancia de justicia.

La ley, promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto en diciembre pasado, busca cubrir un vacío legal de más de 10 años, generado por la decisión del gobierno de lanzar a finales de 2006 una controvertida ofensiva militar antidrogas, toda vez que las policías locales se veían superadas por los grupos criminales.

Sin embargo, varios gobiernos locales se han manifestado en contra de esta ley, argumentando que invade sus competencias en materia de seguridad pública.

La Suprema Corte ha rechazado varias de esas impugnaciones, pero según la lista extraordinaria de notificaciones de la institución, el jueves pasado fueron admitidas las controversias interpuestas por los municipios de Nezahualcóyotl, Ocuilan, Cocotitlán (estado de México, centro), Oxkutczab, Tepakan, Hoctun (Yucatán, este), Ahuacatlán y Tepeyahualco (Puebla, centro).

Además, el ministro instructor Jorge Mario Pardo admitió previamente impugnaciones que reclaman  inconstitucionalidad en la ley, presentadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y por un grupo de legisladores, aseguró una fuente judicial.

La ley genera "la posibilidad de que se vulneren derechos y libertades básicas reconocidas (...) además de afectar el diseño, equilibrio y facultades establecidas constitucionalmente", señaló la CNDH cuando presentó el recurso judicial en enero.

La defensoría señaló que la legislación faculta al poder Ejecutivo, de manera discrecional y sin las debidas garantías de transparencia, para "ordenar la intervención de las fuerzas armadas e incidir en el ámbito de libertades y derechos de las personas".

La estrategia militar antidrogas se ha acompañado de una ola de violencia que deja cerca de 200.000 muertes violentas, según cifras oficiales que no detallan cuántos casos están ligados a la criminalidad.

La Suprema Corte había admitido ya una controversia contra la Ley de Seguridad Interior presentada por la alcaldía de Cholula (centro) e Hidalgo del Parral (norte).

Al promulgar la ley, Peña Nieto aseguró que se abstendrá de emitir una declaratoria de seguridad, contemplada en la legislación, hasta que la Suprema Corte determine su constitucionalidad.

La ley fue votada por el oficialista Partido Revolucionario Institucional y sus aliados.