Colotlán.

Con documentos en mano los colonos insisten en que la autoridad trasgredió la ley al construir más viviendas en el fraccionamiento

La inconformidad por la construcción de 50 pies de casa en el fraccionamiento Canoas de arriba, va más allá del uso del terreno donado para áreas verdes o proyectos de recreación, se trata de una actividad que trasgrede los derechos de los colonos e incumple aspectos establecidos en la ley de urbanización, afirman Miguel Ortiz González, representante legal de la Asociación Civil Pro-colonia Frente Popular Canoas de arriba, y Verónica Soriano Torres, vecina de este lugar.

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Representante legal: —Las áreas eran áreas verdes y son para beneficio de la comunidad, no para beneficio de otras personas pues, o sea, es para beneficio de la colonia y no están para vivienda, pueden ser mercado, escuela, hospital, pero para vivienda no, no está contemplado.

Vecina: —Para vivienda no, puede ser para otra cosa, como lo acabamos de mencionar son hospitales, son parques, pueden ser oficinas del gobierno, cualquier cosa no, el artículo 115 de la ley de urbanización ahí dice que no, no está permitido.

De acuerdo a lo dispuesto en los numerales 175, 178 y 186 del Código Urbano para el estado de Jalisco, se establece que dichos espacios son para uso público y necesario para el desarrollo de la comunidad, tienen el carácter de inalienables, es decir , no pueden ser vendidos o enajenados.

No obstante, en el artículo 87 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del estado de Jalisco, se permite al Ayuntamiento celebrar y ejecutar todos los actos jurídicos regulados por el derecho común sobre los bienes de dominio privado, explica al respecto Armando Pinedo Martínez, presidente de Colotlán.

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Radio UdeG: —Cuándo usted refiere que pueden hacer uso de ellas porque así lo faculta, ¿pueden hacer cualquier tipo de proyecto ahí?

Presidente: —Lo interpretamos nosotros y creo que estamos dentro de lo correcto, la verdad es que son dimes y diretes, nosotros confiamos en que este proceso fue transparente, fue bien ejecutado y que al final quien tiene la palabra es el magistrado que va a determinar, y si estuvo bien o no estuvo bien esa situación, estoy dando algunos de los elementos que nosotros tuvimos para poder realizar esta enajenación o esta desincorporación del terreno.

Los inconformes insisten en que no conocen una ley que permita la edificación de un fraccionamiento sobre otro, además de que el aumento de viviendas afecta los servicios básicos a los que tienen derechos, por ejemplo el agua y el drenaje.

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Vecina: —Pues que yo esté enterada no se puede hacer una colonia dentro de otra colonia.

Representante legal: —El problema que acarrean estas casas es que de por sí no nos ajusta el agua y no está todo fincado aquí en Canoas, imagínese con 50 casas más, menos agua, la saturación de los drenajes, todo eso tiene que ver, entre más gente pues, más viviendas hay, también hay más necesidades, entonces decían que la solución era meter más bombeo, pero el pozo no va a aguantar.

El primer edil reconoce esa posibilidad, pero advierte que se previó con anticipación, además de que existe un dictamen emitido por el Sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Colotlán (Sapasco), que sustenta sus argumentos.

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“Anteriormente ya se había hecho algún proceso de autorización en cabildo para otorgarles más drenaje y también se hizo para el agua potable un tipo de reacomodo, se mejoró pensando en lo que ya había en su momento, pero esto nos va a ayudar para que el fraccionamiento también no sea causa de que les fuera a afectar en los servicios y creo que no habrá ningún problema porque tenemos el dictamen de Sapasco en estos dos servicios importantes e imprescindibles en cada fraccionamiento”

El alcalde reconoció la controversia legal por la construcción de las viviendas, pero no informó del documento emitido por el Tribunal de lo Administrativo del Poder Judicial que ordenó la suspensión de los acuerdos tomados en Cabildo, una disposición que omitieron y siguen omitiendo, expresa el representante legal de la Asociación Civil Pro-colonia Frente Popular Canoas de arriba.

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“Desde el momento que se le entregó la demanda al Ayuntamiento, ahí viene bien especificado que se anula el acuerdo a Cabildo y se da la orden de la no ejecución de lo que se había acordado, o sea, ellos acordaron hacer las casas y ahí dice claramente que no ejecución, y ellos lo siguieron haciendo y lo siguen haciendo. Mire, si hubieran parado en ese tiempo, no hubiera pasado nada de esto, hicieron caso omiso y siguieron trabajando, no se a que se atenían ellos pero nosotros vamos a seguir peleando”.

Al incumplir esta disposición el ayuntamiento trasgredió la ley, afirma el colono; el presidente municipal por su parte asegura que el dictamen al que hacen referencia quedó sin efectos porque cuándo se interpuso, el Ayuntamiento ya no era dueño del predio citado.

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“Nos dicen que violamos una orden de suspensión, yo digo rotundamente que es completamente falso y ya lo dije en la entrevista anterior, al contestar la demanda que se acreditó que el acto de autoridad fue un acto apegado a derecho, realizado con las facultades y las atribuciones que la ley concede al pleno del Ayuntamiento y además dicho acto era un acto formalizado y consumado, toda vez que en el momento de la notificación ya habían formalizado los acuerdos y ya los lotes o predios ya no formaban parte de un patrimonio municipal, tan es así que el acuerdo en el que se tiene contestada la demanda, se deja sin efecto la suspensión”.

En palabras del primer edil, el patrimonio de los beneficiados no corre ningún riesgo de perderse, sin embargo, los colonos están seguros de que la ley respalda argumentos, así está establecido en la demanda que interpusieron en tiempo y forma y, que entre otras cuestiones finca responsabilidad a tres figuras importantes.

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Radio UdeG: —¿Qué demandan, que están pidiendo?

Representante legal: —Se pide la entrega del terreno, limpiarlo y dejarlo  como estaba antes, pero eso es imposible, sacaron mucha tierra y aparte se pide también las consecuencias legales que acarren a quien mandó, a quien ejecutó y a quien financió.

Radio UdeG: —Explíqueme un poquito de eso.

Representante legal: —O sea que cárcel para quien hizo eso, nosotros lo que peleamos es el área verde, que se entregue, no estamos peleando el terreno, estamos peleando el área, que esta área era para un área verde, un área de recreación.

Pinedo Martínez, se dice seguro de que actuaron apegados a derecho y que de resultar un dictamen en su contra, éste no establecerá la demolición del patrimonio, insiste en que les ordenarán la restitución del lugar.

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“La ley está hecha para favorecer el sentido común o el bien común, hablando sinceramente 50 familias que van a vivir con una casa, para mí tienen mucho más validez que cualquier otra circunstancia, dado de que se hizo un buen proceso; nos basamos de que el bien común es importante, se le dio un respiro a la gente que no tenía un patrimonio, en el caso remoto de que ellos vieran esta situación pues el magistrado no va a tratar de afectar a 50 familias, prefiere decirle: ‘Ayuntamiento restitúyeles el terreno de las mismas medidas cerca de donde ellos lo piden’, entonces yo creo que eso debe de pasar, se me hace más lógico el que haya una situación así, entonces la verdad es que se me hace un poquito difícil y complicado”.

Con documentos en mano, los colonos se defienden de las declaraciones del alcalde, éste a su vez y con lo establecido en la ley, insiste en que no violentaron ninguna disposición y por lo tanto no hay posibilidad de que les finquen alguna responsabilidad.