Bogotá, Colombia.

El ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, renunció este miércoles ante la avalancha de cuestionamientos a su gestión, que derivaron en un intento de moción de censura en el Congreso, donde fue acusado de ocultar la muerte de menores en un bombardeo militar.

"El día de hoy en reunión con el señor Presidente de la República para analizar la actual coyuntura política, se acordó que lo más conveniente era presentar renuncia al cargo de Ministro de Defensa Nacional", indicó en un comunicado Botero, quien asumió el puesto desde la toma de posesión de Iván Duque en agosto de 2018.

Las críticas a la gestión de Botero, un abogado de 71 años, iniciaron prácticamente desde cuando fue nombrado ministro por su escasa experiencia en seguridad, en un país con un conflicto armado de medio siglo y azotado por el tráfico de drogas.

Pero su situación tocó fondo la víspera durante el debate previo a la moción de censura, en el que perdió el respaldo de aliados.

El senador opositor Roy Barreras reveló ese día informes forenses de un bombardeo militar realizado hace dos meses contra disidentes de la exguerrilla FARC que dejó 14 víctimas, entre ellas ocho menores, incluida una niña de 12 años.

Barreras lo acusó de haber ocultado esa información a la opinión pública.

Para la fecha de la acción armada, ocurrida a finales de agosto en una zona del sur, Botero informó sobre la muerte de nueve disidentes, pero el 2 de septiembre el coronel Fernando Ávila dijo a la prensa que eran "14 los delincuentes muertos" en el bombardeo.

Botero dijo que al momento de la operación no "se conocía de la presencia de menores" y sugirió que se trataba de combatientes reclutados por los disidentes de la disuelta guerrilla FARC, que firmó la paz a finales de 2016.

El hasta ahora responsable de la cartera de Defensa también había sido cuestionado por la oposición y organizaciones sociales por dar información inexacta en el caso del asesinato de un exguerrillero de las FARC asesinado por el Ejército en una zona fronteriza con Venezuela a finales de octubre.

Amplios sectores culpan a sus medidas del rebrote de la violencia en el conflictivo departamento cocalero del Cauca (suroeste), donde la semana pasada fueron asesinadas 16 personas, la mayoría indígenas.