Guadalajara, Jalisco. 

Activistas de derechos humanos que forman parte del Observatorio Nacional de Detenciones Arbitrarias solicitan el acompañamiento de organismos internacionales como observadores de las investigaciones a policías ministeriales que participaron en las detenciones arbitrarias contra jóvenes jaliscienses y pidieron que se deje de criminalizar a organizaciones ciudadanas como CEPAD o IMDEC.

Denisse Montiel del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) señaló que lo ocurrido con Giovanni López no es un hecho aislado y que los capítulos de represión también se ha asomado en diversos lapsos de la historia de Jalisco. Por eso solicitan transparencia en las investigaciones, tanto de lo ocurrido con Giovanni, como con las detenciones arbitrarias.

"Pedimos un mecanismo de participación en el que estén involucradas, no solamente las víctimas, que es importante escucharlas, y a organizaciones de la sociedad civil y colectivos, sino también que esté acompañado por organismos internacionales, no sólo para rendir cuentas de lo que pasó, sino cuáles fueron esas deficiencias y omisiones que desembocaron en esta brutal represión".

María González Valencia, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C. (IMDEC), dijo que lo ocurrido no se puede reducir a u conflicto político y solicitó que dejen de criminalizar a las organizaciones ciudadanas de derechos humanos.

"Se está diciendo que hubo once grupos políticos que estuvieron detrás de todos los hechos sucedidos estos días y nos están nombrando tanto al CEPAD y el IMDEC, que somos organizaciones serias, que defendemos los derechos humanos y no estamos detrás de ningún disturbio, queremos prender esta alerta, porque se nos está empezando a amenazar y a criminalizar".

Rogelio Córdova Representante de Educación y Ciudadanía A.C. leyó un comunicado en representación del Observatorio Nacional de Detenciones Arbitrarias.

"Reiteramos nuestro hartazgo por la criminalización, represión y uso desproporcionado de la fuerza pública en los ejercicios de derechos humanos, como la protesta social. No basta con remover a las autoridades implicadas en los casos, o aplicar la justicia en los sujetos determinados culpables. Esas acciones no son suficientes para la memoria de las víctimas y las familias, ni para reparar los daños. Exigimos que ningún otro estado del país sufra otro abuso de autoridad. Porque los derechos humanos no están en cuarentena".

Señaló que además de lo ocurrido en Ixtlahuacán, también se han dado casos similares en Tijuana, San Luis Potosí y Quintana Roo, lo cual da cuenta de las omisiones de los gobiernos para sostener un sistema de seguridad que opere con respeto a la dignidad y derechos humanos.