Rangún, Birmania.

Los birmanos manifestaron este jueves por sexto día consecutivo contra el golpe de Estado militar que depuso al gobierno civil de Aung San Suu Kyi, en un contexto de represión y de creciente presión internacional contra la junta.

El nuevo hombre fuerte del país, el general Min Aung Hlaing, lanzó una nueva advertencia a los manifestantes, en esta ocasión a los funcionarios a los que prometió "acciones eficaces" por "incumplir sus obligaciones (...) incitados por personas sin escrúpulos".

La gente se echó a la calle a pesar del miedo a las represalias dos días después de que el uso de la fuerza por parte de la policía causara varios heridos, dos de ellos en estado grave. Una joven recibió un disparo en la cabeza y su situación es crítica.

Más de 200 personas, incluidos miembros de la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido de Aung San Suu Kyi, han sido detenidas desde el golpe de Estado del 1 de febrero, según una oenegé que ayuda a los presos políticos.

El presidente de la Comisión Electoral y dos de sus miembros fueron detenidos el jueves.

Los manifestantes se congregaron de nuevo para exigir la liberación de los detenidos, el final de la dictadura y la abolición de la Constitución de 2008, muy favorable a las fuerzas armadas.

"¡No vayáis a la oficina!", coreó un grupo de manifestantes delante del Banco Central de Birmania en Rangún, la capital económica, en respuesta a los llamamientos a la "desobediencia civil".

"Nos manifestaremos hasta que Aung San Suu Kyi y Win Myint [expresidente de la República] sean liberados", declaró a la AFP un empleado del banco.

Miembros de las etnias karen, rakhine y kachin también protestaron con trajes tradicionales. "Nuestras etnias deben unirse para luchar contra la dictadura militar", señaló Saw Z Net, un karen. Algunas minorías llevan décadas enfrentadas a los militares.

En otras ciudades del país también se celebraron protestas, como en la antigua ciudad de Bagan, patrimonio de la Unesco.

- "Liberación inmediata" -

La comunidad internacional ha condenado la escalada de violencia contra los manifestantes.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el miércoles que su gobierno reduciría el acceso de los generales birmanos a mil millones de dólares en fondos en Estados Unidos y dará a conocer más sanciones esta semana.

"Insto una vez más al ejército a liberar inmediatamente a todos los dirigentes políticos elegidos democráticamente y a los activistas", subrayó Biden.

El Reino Unido y la Unión Europea (UE) también amenazaron con sanciones.

Los europeos también presentaron al Consejo de Seguridad de la ONU, que se reúne el viernes, un proyecto de resolución condenando el golpe militar y pidiendo la liberación de Aung San Suu Kyi y la vuelta del gobierno civil.

El país, que vivió casi 50 años bajo el yugo de los militares desde su independencia en 1948, registra un viento de protesta inédito desde la Revolución Azafrán de 2007 encabezada por los monjes.

El relator especial de la ONU para Birmania, Tom Andrews, condenó el uso de la fuerza durante la represión. "No pueden robar la esperanza y la determinación de un pueblo", escribió.

Una coalición de los principales grupos de internet en Asia, como Facebook, Google y Twitter, denunciaron además un proyecto de ley que permitiría al ejército vetar páginas web y obligar a las redes sociales a transmitir los metadatos de los usuarios.

El ejército cuestiona las legislativas de noviembre, ganadas por abrumadora mayoría por la LND. Los observadores internacionales no han constatado problemas.

En realidad, los generales temían que su influencia disminuyese tras la victoria de Aung San Suu Kyi, si esta hubiera querido modificar una Constitución favorable a los militares.

La premio nobel de la Paz, que según su partido se encuentra bien y en arresto domiciliario en Naipyidó, sigue siendo venerada en su país, pese a las recientes críticas internacionales por su pasividad ante los abusos contra la minoría musulmana de los rohinyás.