Antes de abordar el futuro, los europeos reclaman primero "progresos suficientes" en las prioridades del divorcio: garantizar los derechos de los ciudadanos directamente afectados por la salida británica de la UE, el monto a pagar por Londres por su retirada y el futuro de la frontera en la isla de Irlanda.

"Todavía no hemos alcanzado a día de hoy los progresos suficientes para iniciar con confianza la segunda fase de las negociaciones, primero sobre (...) un eventual período de transición" y "a continuación una discusión sobre el marco de nuestra futura relación", advirtió durante el debate el negociador europeo Michel Barnier.

Barnier aprovechó su intervención en la Eurocámara reunida en Estrasburgo (noreste de Francia) para aumentar la presión sobre la primera ministra británica, Theresa May, para que concrete "en posiciones de negociación" sus propuestas anunciadas en Florencia en septiembre.

Londres quiere empezar a negociar ya en paralelo el futuro. Los mandatarios europeos, sin su par británica, tenían previsto certificar los necesarios progresos en las negociaciones de divorcio durante la próxima cumbre prevista el 19 y 20 de octubre en Bruselas, un calendario que aparece cada vez menos asumible.

El Parlamento Europeo condena así "las lamentables prácticas administrativas contra los ciudadanos de la Unión que viven en el Reino Unido", urgiendo a Londres a evitar "discriminaciones" mientras siga en el bloque y a garantizar "todos los derechos de que disfrutan los ciudadanos" actualmente tras su marcha.

Según el responsable europeo, otra de las diferencias a resolver en este punto es cómo garantizar los derechos de los ciudadanos europeos en Reino Unido. La UE considera que la jurisdicción competente es el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), algo que los británicos rechazan de plano.

Barnier apuntó que todavía existen además "serias diferencias" sobre la cuestión financiera. "No aceptaremos pagar a 27 lo que se decidió a 28", apuntó el negociador europeo, para quien los contribuyentes de los 27 "no deben pagar las consecuencias de una decisión que no tomaron".

May prometió en Florencia "respetar" los compromisos británicos en el marco del actual presupuesto europeo vigente hasta 2020, si bien por el momento Londres se ha negado a concretar una cifra. Según fuentes europeas, el monto total sería de entre 60.000 y 100.000 millones de euros.

La jefa del gobierno británico también abrió la puerta a un período de transición de dos años tras la retirada de su país prevista a finales de marzo de 2019, una propuesta recogida por la Eurocámara en su resolución.

Los eurodiputados aprovecharon el debate para criticar a May y a su dividido gabinete, en concreto al canciller británico, Boris Johnson. "¿A quién debo llamar en Londres, a Theresa May, a Boris Johnson o [al ministro del Brexit] David Davis?", aseguró Manfred Weber, portavoz del principal grupo parlamentario, el PPE (derecha).

En pleno congreso del partido conservador de May, Johnson dará este martes un discurso que será escrutado, al igual que el de David Davis, al que también se considera como un posible sucesor de una primera ministra británica debilitada.

El diputado eurófobo Nigel Farage, uno de los líderes de la campaña en favor del Brexit, urgió directamente a la primera ministra británica conservadora a dimitir, al considerar que es un "estorbo".