Miami, Florida.

La jueza Elizabeth Scherer, a cargo del caso de Nikolas Cruz, el joven que se declaró autor de la muerte a tiros de 17 personas en una escuela secundaria de Parkland (Florida) en 2018, hizo saber a las partes este miércoles que desea iniciar el juicio en enero de 2020.

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En una audiencia en los tribunales del condado Broward, en Fort Laudedale, a la que compareció Cruz, de 20 años, Scherer preguntó a la defensa y a la Fiscalía si estarán listas para entonces, a lo que la primera respondió que lo intentará y la segunda aseveró que sí.

Cruz, que está detenido desde el mismo día de la matanza, el 14 de febrero de 2018, respondió que sí cuando la jueza le preguntó si entendía lo que sus abogados plantearon al tribunal con vistas a que pueda no asistir a algunas de estas audiencias antes del juicio.

El mismo 14 de febrero de 2018 el joven confesó a la policía haber disparado con un fusil semiautomático a las personas que encontró a su paso en la escuela Marjory Stoneman Douglas de Parkland, de la que había sido expulsado meses antes por cuestiones disciplinarias.

Diecisiete personas, catorce de ellas alumnos, murieron y 17 más resultaron heridas en el tiroteo, que produjo una potente reacción contra la venta de armas de asalto a civiles y en favor de un mayor control de la posesión de armamento en general.

El joven Cruz, cuya madre adoptiva, a la que estaba muy unido, falleció en noviembre de 2017, era un amante de las armas y tenía un pequeño arsenal en su casa.

El fusil semiautomático que usó en la escuela lo compró legalmente.

Cruz tiene como defensores a abogados de oficio, a pesar de que él y su hermano pequeño Zachary son los beneficiarios de un seguro de vida de su madre adoptiva por 864 mil dólares.

La jueza Sherer rechazó en mayo pasado una moción de los abogados en la que pedían no representar más a Cruz al argumentar que por ley solo pueden defender a personas de escasos recursos o indigentes.

Los abogados de oficio recomendaron a Cruz en su día que se declarase culpable de 17 cargos de asesinato en primer grado si la Fiscalía retiraba la petición de pena de muerte, pero el Estado rechazó este acuerdo.