Guadalajara, Jalisco.

El Gobierno de Jalisco presentará una Controversia Constitucional ante la SCJN contra el acuerdo de la Secretaría de Energía que frena energías renovables. Así lo anunció el gobernador Enrique Alfaro.

“Estas medidas constituyen un claro retroceso para el país desde el punto de vista climático, energético y de salud pública con fuertes implicaciones políticas, económicas, ambientales y sociales. Por ello, el Gobierno de Jalisco ha decidido combatir legalmente esta determinación del Gobierno Federal y presentar una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en consonancia con lo acordado el pasado 5 de junio por los gobernadores de la Alianza Noreste-Pacífico".

Alfaro sostuvo que el acuerdo de la Secretaría de Energía afecta va contra varios artículos de la constitución y contra la agenda climática y compromisos globales adquiridos por México en el acuerdo de Paris y la agenda 2030 y tiene repercusiones contra el medio ambiente.

“En el aspecto económico, las directrices de la política energética del Gobierno Federal trasgreden el principio constitucional de libre competencia bajo el cual debe de operar el Sistema Eléctrico Nacional respecto a la generación y comercialización de energía, al limitar el acceso y desarrollo al mercado de las energías renovables. Esto podría implicar a nuestro país una afectación de 6,400 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED). En Jalisco se afectarían a 16 proyectos que representan para el Estado una inversión que ronda los 2 mil millones de dólares"

Además presentará ante el Congreso del Estado una iniciativa de Ley de Hacienda del Estado de Jalisco para crear una contribución a la emisión de gases a la atmósfera.

Este impuesto ambiental lo deberán cubrir todas las unidades económicas, empresas o persona físicas, que produzcan emisiones de carbono u otros gases a la atmósfera que afecten al medio ambiente.

Los recursos de estos impuestos irán a políticas y programas de adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, así como al fomento de la sustentabilidad de las actividades económicas, industriales y productivas del Estado.

La cuota será en base a las toneladas de gases emitidos.