Guadalajara, Jalisco.

Una tarifa de 7 pesos por el servicio de transporte público, es lo que pueden pagar los jaliscienses, de acuerdo con un estudio presentado por la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) y catedráticos del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativa (CUCEA).

Así lo indicó Héctor Luis Del Toro Chávez, profesor investigador del Departamento de Método Cuantitativos de la Universidad de Guadalajara.

"Urge una tarifa social verdadera y debe ser de 7 pesos. Observamos que 9.50 traerán problemas que complicarán la vida de las familias y va a impactar directamente la situación económica que actualmente están teniendo”.

Y es que, con tarifa de 7 pesos, una familia de cuatro personas gastaría al mes 2 mil 136, pero a 9.50 el gasto sería de 4,256 pesos.

Martín Guadalupe Romero Morett, Jefe del Departamento de Economía del CUCEA, calificó al transporte público como un monopolio y por ello la sociedad debe vigilar la utilidad de esas empresas y fijar el precio.

“Esa tarifa de 9.50 debe ser rechazada porque no se justifica con evidencias de costos e ingresos y suficiente transparencia, el proceso es deliberado para confundir a la ciudadanía. Hay procedimientos que pueden ser más exactos y deben tener claridad. Que se demuestre con datos de ingresos y costos que 7 pesos no dejaba utilidades. Eso nos lo tienen que demostrar. No que hay inflación o alza de costos”.

El presidente de la FEU, Jesús Medina Varela, anunció que arrancarán con la recolección de firmas para presentar una iniciativa popular ante el Congreso del Estado y de esa forma se incluya la tarifa social en la Ley de Movilidad local. Se requiere recopilar el 0.5 de la lista nominal de electores, de acuerdo a la norma.

Anunció que también evidenciarán las rutas que incumplan la norma técnica en calidad y que por ahora no se ha aprobado la convocatoria para integrar a la Contraloría Social del Transporte Público, hasta que no haya claridad en la herramienta de medición.

El ITEI además les notificó que el gobierno del estado tiene cinco días para entregarles el padrón de concesionarios del transporte y el estudio de las tarifas.