Guadalajara, Jalisco.

Cumplió su amenaza, Armando García Estrada, quien obtuvo un amparo en contra del nombramiento de los dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa nombrados por el Congreso en diciembre de 2017.

García Estrada, quien actualmente es magistrado, aspiraba a saltar a la Sala Superior y alega que nunca le tomaron en cuenta su trayectoria en el Poder Judicial y por ello exige anular el dictamen del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción y del Congreso, relativo a dos magistrados: Avelino Bravo Cacho y José Ramón Jiménez Gutiérrez, quien por cierto era el mejor calificado por el Comité de Participación Social.

La diputada presidenta de la Comisión de Justicia Mónica Almeida señaló que el Congreso combatirá legalmente esa suspensión, pero que los actuales magistrados de Sala Superior pueden seguir en funciones.

Señaló que esta resolución confirma que debe de ver un replanteamiento en cuanto a la forma en que se define la idoneidad de los aspirantes al cargo de magistrado.

El amparo otorgado por el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa busca que se justifique el porqué fueron nombrados estos dos personajes por encima del polémico García Estrada.