Guadalajara, Jalisco.

La Fiscalía Anticorrrupción en Jalisco, ha dado pobres resultados. Así lo admitió el titular de esta institución, Gerardo de la Cruz al comparecer ante diputados de varias comisiones en el Congreso.

Y es que de mil 601 casos que han conocido hasta el momento, solamente seis asuntos han llegado a juicio y solamente, dos personas han sido vinculadas a proceso, con escasas posibilidades de ir a prisión porque la corrupción no está tipificada como delito grave.

“Tenemos 713 asuntos terminados en las diferentes formas, vigentes tenemos 882, judicializados, seis. Tenemos seis judicializados y hay otros que están en espera de fecha para que nos den el día en que vamos a formular imputación a servidores públicos”.

“Hay seis carpetas en las que hemos llevado a formular imputación ante el juez, hemos tenido éxito en algunos, en otros no, y en los que no hemos tenido éxito, no los dejamos ahí, estamos en apelación”, especificó de la Cruz Tovar.

En total, la Fiscalía Anticorrupción conoció de mil 601 casos, es decir, mil 456 de 2018 y 145 de 2019.

En cuanto a delitos, la conducta con más carpetas es abuso de autoridad con 438 casos. Le siguió tortura, con 411 carpetas que fueron derivadas a otras instancias adecuadas pues no son hechos de corrupción. Por peculado, 123, otras 190 carpetas sin determinar y delitos cometidos en la administración de justicia fueron 109, entre otros.

Diseño: Irving García

La autoridad más denunciada en materia de corrupción fue la Fiscalía General del Estado, con 441 casos.

Diseño: Irving García

“A la PGR hemos derivado cinco, porque no era competencia nuestra. Eran delitos federales y eso le toca a la PGR. A la Fiscalía del Estado le derivamos cinco y al área de visitaduría, 310, porque hay un fenómeno: se piensa que por el sólo hecho de que haya un servidor público de por medio es competencia de esta Fiscalía y no es así”, dijo.

Los diputados urgieron al fiscal anticorrupción a actuar contra presuntos actos de corrupción de cuerpos policíacos y jueces, además de conductas cuestionables del sector privado que corrompan funcionarios.