Guadalajara, Jalisco

A partir del próximo año no sólo las empresas fantasmas utilizadas para hacer operaciones simuladas podrían enfrentar un proceso penal por “defraudación fiscal” y la extinción de dominio, sino también quien presente en su contabilidad una factura de un proveedor con estas características.

Guillermo Aguilar, miembro de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, hizo un llamado a las empresas a poner bajo la lupa cada operación que realicen para no caer en estos supuestos.

La autoridad otorgará la oportunidad de autocorrección si los Comprobantes Fiscales Digitales no exceden los 7 millones 804 mil pesos. En caso contrario se corre el riesgo de enfrentar un proceso penal por fraude fiscal, que es equiparable a la delincuencia organizada con penas de 2 a 9 años de cárcel y la pérdida de bienes inmuebles a través de la extinción de dominio.

El contador público, Guillermo Aguilar señaló que lo más grave que pudiera ocurrir es que primero se pueden perder las propiedades y después demostrar que el contribuyente actuó de “buena fe”.

Estas sanciones se derivan de la nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio y de las leyes en materia penal fiscal que entran en vigor en 2020.