Ocotlán, Jalisco. 

Un grupo de ciudadanos pertenecientes a la Sección ocho de la Confederación de Trabajadores Mexicanos realizaron una manifestación por las calles principales de la ciudad de Ocotlán para exigir justicia a las autoridades, debido a que desde el año 2012 la persona llamada Felipe Velázquez Hernández se adjudicó los bienes de la extinta empresa Industrias Ocotlán.

Uno de los manifestantes y miembro de la Comisión Liquidadora, Carlos Cruz Martínez, comentó que una factura de la junta federal señala que los trabajadores son los verdaderos dueños de los bienes de la empresa:

“La manifestación que estamos haciendo es debido a que el líder que teníamos de alguna manera, o de mil maneras, nos engañó. Nos adjudicamos los bienes, puso los bienes ante un notario público, nos obligó a hacer una firma y haz de cuenta que es como si le hubiéramos herido el derecho. Él de ahí en adelante desde el 2012, se manifestó como dueño sustituto, en la cual dentro de la adjudicación de los bienes hay una factura donde por parte de la junta federal expresa quiénes somos los dueños reales de esa empresa: somos los trabajadores”.

El juez penal del Sexto Partido Judicial de Ocotlán, Óscar Martín Morales Vázquez, mencionó que la persona acusada ya fue detenida desde el pasado 03 de mayo y el día de hoy se resolverá su situación jurídica de acuerdo con la ley:

“El señor fue detenido el día miércoles de la semana pasada. De acuerdo a la ley, el señor tiene 144 horas, o sea seis días, para que se resuelva su situación jurídica, lo que tanto hemos oído del término constitucional. Ese término constitucional se vence el día de mañana a las 09:00 de la mañana. Les he comentado a sus compañeros que ustedes tienen el derecho, y el representante social tiene la obligación de informarlos de cómo va el procedimiento”.

Morales Vázquez indicó que además de tener la obligación de informar sobre los avances del procedimiento legal, el agente del Ministerio Público también tiene el compromiso de asesorar jurídicamente a los trabajadores sobre las necesidades del procedimiento, para continuar con su labor como representante legal de las personas ofendidas.

De acuerdo con el juez penal, la persona detenida fue acusada por los delitos de despojo, tentativa de fraude, robo calificado y privación ilegal de la libertad; y por lo tanto no tiene derecho a la fianza. Permanecerá detenido hasta que no haga uso de los recursos como la apelación o el juicio de amparo.

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