Bogotá, Colombia.
El influyente ex mandatario Álvaro Uribe, jefe del partido del presidente electo de Colombia, pidió este miércoles al Senado abstenerse de votar su renuncia tras anunciar en días pasados su dimisión del Congreso por una investigación penal en contra.
A través de Twitter, Uribe solicitó a su copartidario y jefe del Senado, Ernesto Macías, que "retenga sin considerar" la carta de renuncia.
El popular ex presidente de derecha, que gobernó entre 2002 y 2010, sugirió que de momento seguirá en el Senado para que la Corte Suprema mantenga la competencia de investigarlo por presuntos soborno y fraude procesal.
"Por razones de honor nunca ha estado en mi mente que la Corte Suprema deje de conocer el caso para el cual me citan a indagatoria", escribió.
Macías aceptó la petición de Uribe y anunció en redes sociales que se "abstendrá" de tramitar la renuncia.
El 24 de julio, el líder y fundador del partido Centro Democrático anunció sorpresivamente su retiro del Congreso tras ser vinculado formalmente ese día a un proceso penal por cargos que él niega.
La decisión de la Corte Suprema, encargada de juzgar a los legisladores, sacudió las filas del futuro oficialismo en la antesala de la posesión de Iván Duque, delfín político de Uribe, como nuevo presidente de Colombia el próximo 7 de agosto.
El Centro Democrático justificó el cambio de opinión del ex mandatario ante las sospechas de sus opositores de que mediante la renuncia, Uribe pretendía eludir la competencia de los altos magistrados.
"La sola sombra de que hubiera una pérdida de competencia por parte de la Corte Suprema, estoy segura que lo impulsó a quedarse en el Congreso y eso nos complace a todos los miembros" del partido, dijo Paloma Valencia, una de las senadoras más próximas a Uribe, a la emisora La FM.
- "Cortinas de humo" -
El dirigente de 66 años, que alcanzó notoriedad con su política de mano dura y radical oposición a negociaciones de paz con las guerrillas izquierdistas, juró para su segundo mandato como senador el 20 de julio tras obtener la votación más alta en las legislativas de marzo.
De haberse concretado su renuncia, la investigación contra Uribe habría sido eventualmente asumida por la justicia ordinaria, donde -a juicio de los críticos- el ex mandatario tendría más opciones de presionar a favor de su defensa.
El caso que enreda al ex gobernante se remonta a 2012. Ese año presentó una denuncia contra el congresista de izquierda Iván Cepeda ante la Corte Suprema por un supuesto complot con testigos falsos.
Según Uribe, a través de esa maniobra su adversario quiso involucrarlo en actividades criminales de los grupos de ultraderecha que combatieron por décadas a los grupos rebeldes y cometieron graves violaciones de derechos humanos.
En un inesperado giro, la justicia no solo se abstuvo de procesar a Cepeda, sino que abrió en febrero una investigación previa contra el ex mandatario bajo la misma sospecha: manipular testigos contra su opositor.
Este miércoles Cepeda criticó lo que llamó un "juego de Uribe" para, por un lado, desviar la atención sobre el asunto de fondo y, del otro, desprestigiar a los magistrados que lo citaron para indagatoria el 3 de septiembre.
"Se está jugando a tender cortinas de humo sobre el asunto esencial y es que el senador Uribe tiene que comparecer ante la justicia", sostuvo el legislador a la prensa.
La ley sanciona con penas de hasta ocho años de prisión los delitos por los que será indagado el ex presidente, el político más influyente de este siglo en Colombia y quien, a través de Duque, logró recuperar el poder para la derecha más crítica del proceso de paz con la disuelta guerrilla FARC.
Uribe ha alegado inocencia y tendido un manto de sospecha sobre los jueces que, según él, buscan incriminarlo por "presiones políticas" y "periodísticas".
La investigación contra el ex mandatario se originó en un proceso abierto contra su hermano Santiago por cargos de homicidio y vínculos con paramilitares de ultraderecha en los noventa.
A lo largo de su carrera, el ex presidente se ha defendido de señalamientos que lo relacionan con esas organizaciones.
Bajo su gobierno, unos 30 mil paramilitares se desmovilizaron y varios de sus comandantes terminaron extraditados a Estados Unidos por narcotráfico.
La Corte Suprema ahora busca determinar si Uribe manipuló a testigos para que enlodaran al senador Cepeda, como sugieren interceptaciones telefónicas.
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