Guadalajara, Jalisco.

Los escándalos por la compra a sobreprecio de equipo de robótica en la Secretaría de Educación, y la Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas por 137 millones de pesos podría terminar sin cárcel para los involucrados.

Al respecto el Fiscal en Combate a la Corrupción, Gerardo de la Cruz Tovar explicó que el catálogo de delitos en materia de corrupción cometidos por servidores públicos tienen penas muy bajas, además de que el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio privilegia la libertad y lo que busca o pretende es la reparación del daño.

“Bueno, no es que sea difícil, o que no sea difícil ver funcionarios encarcelados, sino que en este sistema se trata de evitar, y no es algo nuestro, es algo de la legislación, y es que la gente no esté en la cárcel. Hay muchas cosas que se deben hacer, antes de dejar a una persona en la cárcel, en este momento, los delitos que investigamos, la mayoría de ellos ninguno es de prisión preventiva oficiosa”, afirmó.

De la Cruz Tovar indicó que cuando existen personas que cometen un delito que tienen arraigo en la ciudad pueden resarcir el daño al erario.

“Cuando te encuentras con un delito cometido por una persona que tiene arraigo en la ciudad, que tiene un trabajo, una familia, que no hay riesgo que se va ir de la acción de la justicia, entonces es factible que lo dejes en libertad. Obviamente, sometido a una vigilancia y sometido a condiciones como pudiera ser la reparación del daño, como pudiera ser el pago de multas y casos por el estilo. En casos de peculado, necesariamente para acceder a un beneficio tienen que devolver lo que se acredite que haya desviado del erario público”, detalló.

Derivado de las denuncias que se presentaron ante la Fiscalía del Estado por estos hechos se contemplan el delito de desvío de recursos públicos, la utilización indebida de información y el abuso de funciones.

De acuerdo al Código Penal del Estado de Jalisco, en el Título Séptimo referente a los Delitos Cometidos por Servidores Públicos se establece que por el delito de Abuso de Autoridad se impondrá de uno a cinco años de prisión y una multa de dos a 20 días de salario cuando el daño económico no exceda los 196 días de salario mínimo.

En tanto que cundo se exceda este monto se tendrá que pagar de tres a ocho año de prisión y una multa de hasta 196 días de salario mínimo.

Mientras que por el delito de desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades establece que cuando el monto no exceda del equivalente de quinientos días de salario se impondrán de tres a dos años de prisión.

Pero sí excede del monto se impondrán de dos a nueve años de prisión, además de que se tendrá que pagar una multa de 30 a 300 días de salario mínimo.

El avance de los casos en la Fiscalía en Combate a la Corrupción

A un año de que arrancó funciones la Fiscalía en Combate a la Corrupción se han llevado ante el juez seis casos de los más de mil 450 con los que iniciaron a trabajar informó el Zar anticorrupción, Gerardo de la Cruz Tovar.

“Desde luego hemos llevado personas ante el juez y vamos, llevamos el año pasado llevamos prácticamente seis personas ante el juez, y en éste año tenemos ya seis de seis carpetas de investigación presentadas solicitudes de imputación”, señaló.

Según detalló uno de los seis casos tiene que ver con dos elementos de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de Guadalajara que fueron acusados por abuso de autoridad.

Otro de los casos tiene que ver con la Fiscalía de Reinserción, también por el delito de abuso de autoridad. Además del caso de tres funcionarios del Poder judicial del Estado que han sido señaladas por el mismo delito.

De la Cruz Tovar precisó que cada uno de los casos se encuentra en diferentes etapas:

“Una de ellas es una carpeta que se llevó que trata de un juez, un secretario y un agente de ministerio público en ese asunto no se logró que se decretara un auto de vinculación en su contra, por lo tanto no están ligados a proceso, pero nosotros tenemos interpuesta una apelación que ahorita está ventilándose la apelación y por separado también, solicitamos al consejo del poder judicial que iniciara un proceso judicial en contra del juez y del secretario y en el ámbito del agente del ministerio público iniciamos un procedimiento administrativo en el área de la Visitaduría de la Fiscalía del Estado”, indicó.

Expresó que los demás procesos se encuentran en etapa de imputación, cuestión que implica ir ante el juez a reprochar la conducta inadecuada de la función que desempeñaba.