Ciudad de México, México.

Una nueva masacre en México, perpetrada por un ajuste de cuentas entre grupos criminales en un bar del estado de Veracruz, demostró esta semana que el narcotráfico sigue matando, frente a una insuficiente estrategia de seguridad del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El asesinato este martes de al menos 29 personas en un club nocturno del puerto de Coatzacoalcos, en el este de México, se suma a recientes y truculentos sucesos como el hallazgo de diecinueve cuerpos desmembrados y colgados en un puente de Uruapan (Michoacán) el 8 de agosto.

El despliegue de la Guardia Nacional, un cuerpo policial militarizado, evidencia que la estrategia de seguridad de López Obrador no difiere mucho de la de Felipe Calderón, el presidente que emprendió en 2006 una guerra militar contra el narcotráfico que ha disparado las cifras de violencia en el país.

"La estrategia de seguridad del Gobierno federal se reduce a dos palabras: Guardia Nacional. Esto es poner elementos militares disfrazados de policías en todo el territorio. Nada más", expresó a Efe Alejandro Hope, analista de seguridad.

La diferencia más destacada frente a sus antecesores es que este despliegue ya no consiste en operativos puntuales sino a una presencia territorial permanente, aunque la Guardia Nacional todavía no dispone de suficientes elementos.

"No hay ninguna evidencia de que una mayor presencia federal tenga incidencia en la capacidad operativa del crimen organizado", expresó Hope.

En México operan cerca de 37 cárteles y sus respectivos grupos criminales o pandillas, en su mayoría en zonas de producción y trasiego de drogas, donde organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, los Zetas y la Familia Michoacana cometen extorsiones, secuestros y homicidios.

La multiplicación de estos grupos se debe a la persecución militar de los grandes cárteles surgidos en los 70, la cual ha hecho caer a grandes capos de la droga pero ha disparado los niveles de criminalidad cometidos por sus escisiones.

Uno de los grandes ejemplos es el de Joaquín "El Chapo" Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa, considerado el narcotraficante más peligroso del mundo y condenado a cadena perpetua en Nueva York, cuya captura no ha detenido a la organización criminal.

"El narco sigue sin perder el cauce que lleva. Cada vez entra más droga a Estados Unidos y eso te demuestra que el Chapo no era más que uno de tantos", contó a Efe Jesús Esquivel, periodista que presenció el juicio al capo sinaloense.

Con todo, México superó todos sus récords en 2018 al registrar 35 ml 964 asesinatos, cifra que podría batirse este año en el que hasta julio ya se han contabilizado 20 mil 135 homicidios.

Según la ONG Semáforo Delictivo, cerca del 80 % de los asesinatos en México son por disputas del crimen organizado

Javier Oliva, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), apunta al deficiente estado de las corporaciones policiales locales y a los altos niveles de impunidad en un país donde el 98.86 % de los crímenes no se resuelven.

"Muchas veces las policías locales están coludidas con los grupos criminales, no actúan por miedo o no tienen capacidad", dijo a Efe Oliva, quien señaló además que el 70 % de las cárceles estatales están controladas por los propios reclusos.

Gobierno mexicano quiere atender causas

Los analistas sostienen que sin reformar el sistema de policías y fiscalías locales, otras medidas carecerán de impacto en los índices de violencia, como la despenalización de la marihuana planteada por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

También ven insuficiente la visión social de la estrategia contra la violencia de López Obrador, quien quiere complementar la actuación militar con programas de becas y de trabajo que eviten que los jóvenes se enrolen en grupos criminales.

"Esto va a reducir entre cero y nada la violencia. El grueso de grupos de jóvenes marginados y desempleados no comete delitos", sostuvo Hope, quien advirtió que hay que atender a grupos que ya están en conflicto con la ley mediante programas de reinserción de reos y de atención a pandillas.