Ocotlán, Jalisco. 

La denuncia que interpusieron 35 ganaderos de diferentes comunidades rurales de Ocotlán en contra de la empresa agropecuaria Trigón continúa en revisión por parte del Poder Judicial de Jalisco, para determinar la responsabilidad que pudiera tener la empresa tras la contaminación que ha generado en algunos abrevaderos por verter aguas residuales sin ningún tratamiento. El proceso fue retrasado por las etapas del periodo vacacional de Semana Santa y Semana de Pascua.

El abogado que apoya a los ganaderos, Luis Carlos Torres Flores, mencionó que la Comisión Nacional del Agua ya envió el dictamen final de la inspección para que el Juzgado Penal de Ocotlán dictamine si hay o no responsabilidad de la empresa:

“Entonces por ahorita ya la Comisión Nacional del Agua acaba de enviar el dictamen con la resolución final de la inspección que se hizo a esta empresa, dentro y fuera de la misma planta ahí en la zona del Pedregal correspondiente al municipio de Ocotlán. Con esos elementos de prueba y de cargo claramente podemos constatar que ciertamente vierten líquidos y químicos tóxico-biológicos mortales en los cuales aparecen muchas sustancias, que en sí es veneno. Vamos a acreditar fehacientemente ante el Juzgado de lo Penal de Ocotlán, Jalisco, pues la responsabilidad de esta empresa”.

Además de las afectaciones de los malos olores que se producen por el estancamiento de las aguas negras, los ganaderos decidieron denunciar a la empresa por las muertes que ha ocasionado a sus animales. De acuerdo con las cifras expuestas por uno de los afectados, Jesús Zúñiga González, suma la cantidad aproximada de un millón 200 mil pesos en pérdidas entre la muerte de más de 50 vacas, los gastos en medicamentos para buscar la estabilidad de los animales y el pago al veterinario especialista en la materia.

Torres Flores comentó que a su consideración existen las pruebas suficientes para que el Juzgado Penal dicte órdenes de aprehensión en contra de los responsables de ocasionar las muertes de más de 75 vacas en las comunidades rurales de Ocotlán:

“Es que no hay lugar a dudas, ya que las inspecciones dieron las pruebas suficientes para que el juez de lo penal ejercite la acción penal correspondiente y dicte las órdenes de aprehensión en contra de los responsables. La empresa tiene que reparar los daños ocasionados hacia estas personas que se han visto tan afectadas por su patrimonio, y en lo que es el delito ambiental pues que tomen cartas en el asunto. No tenemos ninguna duda, esto tiene que llegar hasta las últimas consecuencias y que se hagan responsables de sus actos”.

Se espera que el proceso legal pueda resolverse antes de que concluya el año 2017, pero Torres Flores recalcó que existe la posibilidad de que se alargue varios años más. En caso de decretar alguna responsabilidad en contra de la empresa, ésta podrá hacer uso de recursos legales para apelar la sanción y mandar a revisión como materia de amparo. El abogado señaló que denunciarán a cualquiera de los implicados que se preste a actos de corrupción mientras se determina la resolución final del procedimiento legal.

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