Guadalajara, Jalisco.

El bloqueo de cuentas de redes sociales de funcionarios o su apertura, no puede ser a rajatabla. Depende de la situación, o incluso, de la naturaleza de cada red social.

Así lo reflexionó el director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de Canal 44, Gabriel Torres Espinoza durante el panel “Las Redes Sociales Digitales y la libertad de expresión” en el foro organizado por el Instituto de Transparencia de Jalisco y la Universidad de Guadalajara.

Explicó que ni el derecho a la información, el de libre expresión o el de privacidad, son absolutos, sino que están limitados a ciertas condicionantes.

“Depende, si el funcionario recibe amenazas está en todo su derecho, así lo dice el criterio de la Corte, también un funcionario está en posibilidades de bloquear a alguien que hace expresiones contra su preferencia sexual o religión, por ejemplo”.

“Peor en el caso de Veracruz que era un periodista que quería acceder a la cuenta de alguien que era Procurador en Veracruz, lo bloqueó porque el periodista tenía permanente crítica hacia el funcionario, se resolvió que no”.

Indicó que también tiene que ver el tipo de red social.

“De inmediato pensamos en las redes sociales más obvias o de mayor uso, pero le decía hace rato a un compañero periodista… ¿Qué tal si te piden acceso a tu red social de Waze, que es también red social? Y quieren saber qué hiciste el fin de semana, en dónde estuviste. ¿Acaso no invade eso el derecho a la privacidad de un funcionario público? ¿Podría ser invasivo a ese derecho constitucional? Habría que revisarse en cada caso específico, en cada red social”.

Además señaló que se debe transparentar el gasto que realizan algunos gobiernos en la gestión de redes sociales, y lamentó que ha habido casos en que se pagan “granjas de bots” para atacar a opositores políticos o a periodistas críticos.

Guadalupe Plascencia dijo que el reto es lograr una amalgama entre el derecho a la privacidad y la intimidad, con la no discriminación.

“Está claro que la constitución pone límites a la libertad de expresión, que son los ataques a la moral, los ataques a derecho de terceros, que se intente un delito o se perturbe el orden público”, dijo.

La presidenta del Instituto de Transparencia de Veracruz, Yolli García explicó que se ha avanzado a publicar padrones de redes sociales oficiales.

“A mí me parece que hay más cuestiones que la Corte ha ido acotando en este área, creo que la preocupación en el Sistema Nacional tiene  que ver si no estamos violando el artículo 134 constitucional porque no sabemos quién está manejando las redes, o si hay dinero o equipo manejando las redes”.