Guadalajara, Jalisco.

La Contraloría del Estado investigará las anomalías en los contratos que dieron lugar al programa de fotoinfracciones en Jalisco.

El diputado Augusto Valencia acudió a las instalaciones de la Contraloría del Estado a solicitar por escrito una investigación a la red de corrupción que hay detrás de las fotomultas.

Denunció sobreprecio en las cámaras y radares y dijo que aunque el Gobierno Estatal debería ya tener la propiedad de esos aparatos y del software para operarlos. Pero en lugar de asumir estas tareas actuales funcionarios del Ejecutivo prefirieron ampliar el contrato con cláusulas leoninas.

La contralora Teresa Brito Serrano afirmó que su dependencia recibe con seriedad la denuncia de Valencia y que analizarán los contratos y en caso de confirmar las irregularidades en ellos, emitirán observaciones y en caso de proceder, podrían incluso interponer denuncias penales.

Valencia recordó que los radares tuvieron un costo de 2 millones 845 mil pesos cada uno, es decir, el Gobierno del Estado erogó 36 millones 987 mil 962 pesos, siendo que cámaras con las mismas características tienen un costo menor a un millón 250 mil pesos en el mercado.

"El Secretario de Planeación, Administración y Finanzas, Mauricio Gudiño, declaró públicamente que el Gobierno del Estado compraría el equipamiento de cámaras, cajas y otros artículos que forman parte de la infraestructura de programa de fotoinfracción y que se pretende liquidarlo en noviembre de 2018. Por ello, requerimos se aclare cuáles son las razones por las que siguen rentando cámaras a Autotraffic por más de 15 millones de pesos al mes si se cuenta con las cámaras desde el 2011; así como cuáles fueron los criterios con los cuales determinaron que a partir de 2016 se pagaría a Autotraffic 292 pesos por infracción entregada", acusó Valencia.