Caracas, Venezuela.

La Asamblea Constituyente que rige Venezuela dispuso que la justicia militar cese los procesos contra civiles detenidos durante recientes protestas contra el presidente Nicolás Maduro, para que pasen a tribunales ordinarios.

Acogiendo un pedido de Maduro en tal sentido, la presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez, anunció este martes que se dará inmediata ejecución a la solicitud.

"Hemos recibido una comunicación del presidente (...) solicitando que sean declinados los casos llevados ante la jurisdicción militar, sean declinados ante la jurisdicción ordinaria", dijo Rodríguez durante una sesión del órgano que redacta una nueva Carta Magna.

La asambleísta dijo que la Comisión de la Verdad -parte de la Constituyente que legisla con poderes absolutos- será la encargada de ejecutar la petición del mandatario.

Según Rodríguez, la justicia militar tuvo que "suplir de forma heterodoxa" a la Fiscalía por la "inacción e inactividad" de este organismo, frente a la violencia en las manifestaciones opositoras iniciadas el 1 de abril, con saldo de unos 125 muertos.

La presidenta de la Asamblea agradeció a los tribunales militares por "el cuidado del debido proceso y el respeto a los derechos humanos" en los casos que tuvieron a su cargo.

Según la ONG Foro Penal, unas 400 personas están privadas de libertad por órdenes de cortes marciales, de un total de 655 que fueran presentadas desde que comenzaron las protestas.

Algunos fueron acusados por supuestos ataques a guarniciones militares, agresiones a uniformados o saqueos.

"Si los civiles van a los tribunales que les corresponde no debe ser porque lo decida una Constituyente ilícita, sino porque eso es lo que pauta la Constitución. Se les han violado sus derechos humanos", declaró a la AFP Gonzalo Himiob, director de Foro Penal.

La organización no gubernamental cifra en unos 600 los "presos políticos" en Venezuela.

La oposición ha denunciado que la Constituyente de Maduro se eligió de manera "fraudulenta" y solo busca perpetuar al mandatario en el poder.

La primera decisión de esa poderosa asamblea, el 5 de agosto, fue destituir a la fiscal general, Luisa Ortega, quien rompió con Maduro al denunciar que decisiones del máximo tribunal -acusado de servir al gobierno- constituían una "ruptura del orden constitucional".

La Constituyente juramentó en su reemplazo al exdefensor del Pueblo, Tarek William Saab, confeso chavista.