Guadalajara, Jalisco.
Entre polémicas, fue aprobada en el pleno del Congreso de Jalisco, la ley que regulará el uso de escoltas en Jalisco. Esta norma limitará el uso de elementos policíacos en labores de protección de funcionarios.
La nueva Ley de Servicio de Protección del Estado de Jalisco define la relación de cuántos guardaespaldas deberá tener cada funcionario.
Jesús Hurtado, diputado del PAN externó su molestia porque desde su perspectiva, transparentar esa información pone en riesgo a los funcionarios.
"No son temas que se deben publicar. Estar ciertamente regulado, establecido sí, pero no publicado. E inclusive es la única materia que en transparencia es negativa completamente. Esa información se queda como parte de la seguridad nacional. Por eso sugiero que no se exhiba el cuadro", aseguró.
Enrique Velázquez, diputado presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia defendió el proyecto.
"Porque no se pretende poner en riesgo la vida de ningún funcionario. El sentido de esta iniciativa en materia de seguridad y justicia tiene nada más un tema de transparencia en el ejercicio del gasto, no de exhibir a ningún funcionario y menos de ponerlo a la vista cuando se corre riesgo", dijo.
La diputada local Mirza Flores, indicó que los guardaespaldas han sido usados a capricho y sin sustento técnico.
"Algunos secretarios de estado, que no tienen nada que ver con temas de seguridad hacen uso de personal de seguridad, no sólo para ellos, sino para su esposa y para sus hijos. Y en muchos de los casos hacen uso de estas personas calificadas para desarrollar un trabajo de seguridad casi casi como servidumbre, de jardineros o de mandaderos", argumentó.
La diputada del PRI lamentó que la ley aprobada en el pleno pone en riesgo a los funcionarios salientes del gobierno de Aristóteles Sandoval.
"Hablamos de un ex fiscal o de un ex gobernador o un ex secretario de gobierno. Los demás no tienen razón de ser. Bueno también los alcaldes que en este estado ya han asesinado a algunos. Pedíamos que bajó un dictamen pudiera crecerse el número de personas que protejan la vida de los exfuncionarios, los cuales por cierto metieron a la cárcel a muchísimos delincuentes. Queríamos que se salvaguardara. Y hacerlo con la gente que sepa, que se determine el mínimo y no por un golpeteo político desde el congreso del Estado", declaró.
Esta iniciativa retoma conceptos que originalmente se presentaron en la pasada legislatura por el diputado Augusto Valencia y su equipo de asesores.
Otros aspectos es que los empresarios que requieran contar con un escolta para su protección particular, deberán pagar el sueldo y los alimentos, así como los vehículos de quienes los resguardan.
Con esta ley, el Gobernador y el Fiscal General tendrán hasta diez escoltas y dos vehículos blindados; el Secretario de Gobierno, el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, y el Secretario de Movilidad, dos escoltas y un vehículo blindado. Ahí también se define la cantidad de escoltas para fiscales, comisarios y alcaldes.
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