Región.

Mediante un convenio buscan agilizar los procesos de excarcelación de personas de pueblos originarios

La Procuraduría Social del Estado y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, firmaron un acuerdo para ayudar a personas pertenecientes a pueblos originarios que se encuentren privadas de su libertad en la entidad, para que consigan la libertad anticipada, condicionada o la sustitución de su pena, explica Jorge Arceo Gutiérrez administrador del Centro Coordinador de la CDI en Mezquitic.

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“El convenio que se firma es para fortalecer las actividades de protección y de seguimiento al tema de los indígenas que están en un proceso jurídico en los diferentes centros penitenciarios de todo el estado, principalmente es para fortalecer los trabajos entre la procuraduría social y el área jurídica de la CDI en apoyo a todos los indígenas que están bajo un proceso jurídico y buscar la excarcelación de cada uno de ellos, el convenio es más que nada ampliar la acción, tanto de la contraloría social, como de la CDI en la parte jurídica, y poder dar esta protección”.

Arceo Gutiérrez añadió que el convenio es adaptable únicamente a quienes estén sujetos a proceso o se encuentren cumpliendo sentencias por delitos del fuero común y sean candidatos a alguno de estos beneficios, según lo estipulado en la legislación, ya que no concede reducciones de penas. Contar con el convenio brinda más certeza y esperanza a quien necesite del servicio, ya que este trabajo se ha realizado desde siempre.

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“Sí se le daba seguimiento a los tramites, tanto es así que hubo un programa de excarcelación que estuvo bajo la tutela del área jurídica de la CDI, el convenio atiende a la ampliación del servicio; es decir habrá centros penitenciarios en los cuales por la cantidad de internos o por la falta de acercamiento entre los internos y las autoridades judiciales se desconoce que el origen es indígena y por lo tanto no se le daba el servicio. Sin embargo, comentarte que dentro de la región norte se le dio un proceso puntual a quienes se encontraban en un proceso jurídico y se les apoyó tanto con la aportación económica y con la asesoría jurídica para lograr su excarcelación, obviamente todos aquellos que estaban en el ámbito de los procesos que no tiene que ver con el fuero federal, solamente con el fuero común es a quien se les ha apoyado”.  

El entrevistado agrego que los procesos de excarcelación son variados y fluctuantes, los beneficiarios han mostrado un gran interés en ello.

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“Si ellos conocen o si ellos saben, que nos ayuden a informar de quiénes están llevando un proceso jurídico ¿no?, entonces ellos ven con buenos ojos que se amplía el beneficio. Realmente no hay una cartera que tú digas, establecida, o un número fijo de beneficiarios, recuerda que la situación jurídica, pues alcanza a quien de alguna manera está trasgrediendo las leyes y entonces es fluctuante, no es fija la atención, sin embargo, sí se tiene un seguimiento puntual de quienes están bajo un proceso jurídico, te comentaba, siempre y cuando sea del fuero común, si son delitos del orden federal la CDI no está en condiciones de apoyarlos porque no alcanza los beneficios”. 

Por ultimo mencionó desconocer la duración de este convenio, pero mientras tanto, aseveró que seguirán apoyando a personas de pueblos originarios en la medida de sus posibilidades.