Nueva York, Estados Unidos.
El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, promulgó el lunes una ley que obliga a las plataformas de alquiler de vivienda a corto plazo como Airbnb a proporcionar datos de sus anfitriones a las autoridades, so pena de recibir fuertes multas.
La capital financiera de Estados Unidos es la última de una larga lista de ciudades que coloca a sitios como Airbnb la mira ante la reacción global contra las startups de "economía colaborativa" que perturban a la industria tradicional.
La resolución, que se aplica a todos los sitios de alojamiento a corto plazo y requiere que los operadores proporcionen una lista de todas las transacciones realizadas dentro de la ciudad, entrará en vigencia en 180 días.
Los partidarios de la nueva norma argumentan que acabará con los alquileres ilegales a corto plazo, que según ellos provocan un aumento en los precios haciendo que la vivienda sea aún menos asequible en una ciudad ya de por si cara.
Airbnb acusa al poderoso lobby hotelero de la Gran Manzana de promover la legislación, argumentando que la mayoría de los anfitriones son neoyorquinos que intentan ganarse la vida alquilando habitaciones en sus casas.
La ley exige a las plataformas de alquiler a corto plazo que proporcionen a las autoridades locales datos sobre las transacciones e impone una multa de 1.500 dólares, por listado y por mes ante cualquier informe inexacto.
Nueva York es el mayor mercado de alquiler de Airbnb en Estados Unidos.
Josh Meltzer, jefe de política de Airbnb para la región noreste de Estados Unidos, dijo que "estamos decepcionados" porque De Blasio defendió al lobby hotelero en lugar de "a la clase media de Nueva York que depende de compartir la vivienda para sobrevivir".
"Muchos propietarios responsables se enfrentan actualmente a una inspección agresiva y sin control, y están temerosos por lo que sucederá bajo esta nueva legislación", acotó.
El estado de Nueva York ya endureció las normas en 2016, aplicando fuertes multas a aquellos que alquilan apartamentos desocupados por menos de 30 días, a menos que el propietario o arrendador esté presente.