Guadalajara, Jalisco.

Tres poblados que han luchado por no ser inundados desde hace 14 años. Una lucha jurídica y social que han enfrentado en contra de la construcción de la presa El Zapotillo, con tres gobiernos de colores distintos.

En 1995 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial que declara la reserva de aguas nacionales superficiales en la Cuenca del Río Verde para uso doméstico y público urbano; en éste se determinó un volumen de 119 millones de metros cúbicos de agua para Guanajuato y 384 millones de metros cúbicos para la Zona Conurbada de Guadalajara.

Dos años después, el acuerdo de aguas fue modificado y la distribución de agua para Jalisco fue distinta, pues esta vez se incluía a los municipios de los Altos y a las actividades pecuarias.

Fue en 2007 en el gobierno de Emilio González Márquez que comenzó la lucha, cuando el entonces mandatario estatal firmó un convenio con el gobierno de Guanajuato, para cambiar la distribución de aguas, mientras que Guanajuato quedó intacto, esta vez, la Zona Conurbada de Guadalajara tendría un abasto de 104 millones cúbicos de agua, mientras que a los municipios alteños se les dotaría de 56 millones de metros cúbicos, es decir, renunciaban a más 211 millones de metros cúbicos de agua.

El 6 de noviembre de 2007, los pobladores de Temacapulín y Palmarejo presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), en contra de la Conagua y la Comisión Estatal del Agua (CEA) por las posibles violaciones a sus derechos.

Fotografía referencial: Jade Ramírez

Solo diez días después, el gobierno de Jalisco y el de Guanajuato firmaron el convenio para la realización del programa para los estudios y proyectos de construcción y operación del Sistema de la Presa El Zapotillo y Acueducto El Zapotillo- Altos de Jalisco- León, Guanajuato, donde se proponía elevar la cortina de 80 a 105 metros de altura.

El 8 de abril del 2008 la Red Jalisciense de Derechos Humanos A.C. se pronunció en contra de la presa El Zapotillo.

Un mes después, quien fuera delegado de Temacapulín, José Sainz Muñoz, algunos regidores y Gabriel Espinoza se reunieron con Emilio González Márquez, ahí les aseguro que si la mitad más uno de los pobladores y propietarios se oponían a la construcción de la presa respetaría su decisión.

El 27 de junio del mismo año, se celebró en Temacapulín el 5to Encuentro del Movimiento Mexicano de Afectados por las Represas en Defensa de los Ríos (MAPDER) donde activistas de 13 estados de la República Mexicana acordaron exigir a la Conagua y a Emilio González Márquez la cancelación definitiva de la presa El Zapotillo, así como también del proyecto de la presa La Parota.

Fotografía: Semadet

Ese mismo año, los pobladores de las tres comunidades presentaron 50 quejas ante la CEDHJ en contra de las autoridades responsables de la violación a sus derechos humanos. La defensoría abrió una investigación un mes más tarde.

Para el mes de agosto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco abrió una investigación por posibles violaciones a los derechos de los pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, pues el convenio firmado entre Jalisco, Guanajuato y Conagua ponía en riesgo de ser inundado a los poblados .

La defensoría de derechos humanos, solicitó en septiembre del 2009 emitir medidas precautorias al director de la Cuenca- Lerma- Santiago- Pacífico y a la Comisión Estatal del Agua para realizar una consulta.

En diciembre de ese mismo año, Enrique Ibarra Pedroza, quien era diputado federal del PT, solicitó la comparecencia del director general de la CONAGUA para que aclarará lo relacionado con la construcción de la Presa El Zapotillo.

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El 21 de enero del 2010 se entregó el primer amparo a una pobladora de Temacapulín, con esto se impedía que le fueran expropiadas sus tierras.

Cuatro meses después, los pobladores de las tres comunidades rompieron récord de oración, estos recordaron la traición del entonces gobernador Emilio González Márquez, pues les había prometido que cancelaría la presa si la mitad de la población más uno rechazaba la obra.

En noviembre de ese año, los habitantes de Temaca realizaron un plantón para bloquear la construcción del que sería el centro poblacional Talicoyunque, donde serían reubicados. Esta resistencia duro alrededor de un mes.

En febrero del 2011 consiguieron su primera resolución por parte del Segundo Tribunal de los Administrativo donde se ordenaba la cancelación de la presa. En marzo, el entonces diputado Salvador Caro, reveló un dictamen técnico de monumentos y valores históricos elaborado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), donde se advertía que el 70% de los bienes históricos de Temaca debían ser conservados.

Ese mismo mes, los pobladores realizaron una manifestación afuera de las oficinas de la Conagua, en esta ocasión dieron un ultimátum a las autoridades para negociar sobre la presa.

Ese año, en abril, comenzaron las mesas de diálogo entre los pobladores de las comunidades afectadas, la secretaria de gobernación y la Conagua. Durante estas mesas, especialistas aseguraron que la presa El Zapotillo no era necesaria.

En octubre de 2011, la Secretaría de Gobierno de Jalisco, inició los procesos para expropiar los terrenos en Talicoyunque, cada terreno lo pagarían en 34 mil pesos.

En diciembre se firmó el fideicomiso con Banobras y la concesionaria del Acueducto El Zapotillo conformada por grupo Abengoa.

23 de enero del 2012, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que detrás de la construcción de El Zapotillo había corrupción y aseguró que las poblaciones afectadas tendrían su respaldo.

Ese mismo año, el Ayuntamiento de Cañadas de Obregón promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional en contra del gobierno federal por construir la presa El Zapotillo sin autorización del cabildo de los permisos de uso de suelo. Un mes más tarde, les habían negado la suspensión de las obras.

Una controversia constitucional más fue promovida por el congreso de Jalisco en contra del gobierno federal, la Semarnart, Conagua, el gobierno de Guanajuato y Jalisco, aquí la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el proyecto de construcción de la presa El Zapotillo.

El 29 de enero del 2013, el entonces Gobernador, Aristóteles Sandoval Díaz aseguró que Temacapulín no sería inundado. Un mes más tarde, Talicoyunque fue clausurado por el ayuntamiento de Cañadas de Obregón.

El 10 de abril del 2014, la Conagua determinó que la cortina debía subirse a 105 metros de altura. Aristóteles Sandoval cambió su postura y declaro que estaría vigilante de que los pobladores fueran reubicados e indemnizados.

Fotografía: Ulises Ruiz Basurto - EFE

Ese mismo mes, lo habitantes de Temaca realizaron un viacrucis donde quemaron un monigote con la forma del gobernador priista, por no cumplir con su compromiso de no inundar el poblado.

El 22 de abril de ese año, fue creado el observatorio ciudadano de Gestión Integral del Agua en Jalisco, mismo que fue creado para dar opiniones y recomendaciones técnicas y jurídicas para orientar la gestión de los recursos hídricos del estado.

En ese mismo año, Aristóteles Sandoval permitió al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco destinar 604 millones de pesos del fondo de los trabajadores para invertirlos en la empresa española Abengoa, concesionaria de la construcción de la presa el Zapotillo. Empresa que además abandono la obra y después demandó.

En mayo, Enrique Alfaro, quien era presidente de Alianza Ciudadana exigió al gobernador, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, rendir cuentas por el tema de El zapotillo y refrendó su compromiso con la defensa de los pueblos afectados.

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En septiembre del 2015 El gobierno de Jalisco firmó un convenio de colaboración con las Naciones Unidas y el apoyo del PNUMA para realizar estudios que demuestren el panorama técnico y social sobre el uso eficiente de los recursos hídricos del Río Verde.

Ese mismo mes, el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua cuestionó el contrato que dio el gobierno del estado por 4.6 millones de dólares a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés) para realizar un estudio sobre la presa el Zapotillo, cuando esos estudios podrían ser elaborados por el propio observatorio.

Para noviembre los pobladores exigían se replanteará el estudio técnico de la cuenca del Río Verde a cargo de la UNOPS. Ese mismo mes, la segunda sala de la Suprema Corte, otorgó una suspensión definitiva para evitar que la cortina de la presa sobrepasara los 80 metros de altura.

Fotografía: Semadet

En enero del 2016, tras tres años de que Aristóteles incumplió su compromiso de no inundar Temacapulín, los pobladores exigieron al gobernador que se apegara al proyecto original y al fallo de la SCJN para garantizar la seguridad de Temacapulín y se respetaran los derechos humanos de las comunidades afectadas.

Para abril, Ismael del Toro, diputado local, visitó el poblado para escuchar las demandas de su gente y se comprometió a crear una comisión especial de gestión integral del agua.

En junio de ese año, Aristóteles afirmó que era inviable salvar a Temaca y habló de un nuevo acuerdo de distribución de aguas.

En octubre del 2018, el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo solicitó la cancelación y desmantelamiento del proyecto Zapotillo al presidente electo. Andrés Manuel López Obrador se comprometió en León que la obra sería terminada para abastecer de agua a la ciudad de Guanajuato.

Solo un mes después, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador declaró que la presa El Zapotillo sería terminado durante su sexenio. No obstante, activistas exigieron que los 500 millones de pesos que se destinaron por la federación para la presa El Zapotillo se reasignen a la reparación de daños y a la atención de la salud a las poblaciones afectadas de la cuenca del Río Santiago y la Ribera de Chapala.

En enero de este año, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, emitió la recomendacíón 50/2018 sobre Temacapulín, en esta se solicita a los ayuntamientos de Cañadas de Obregón, Mexticacán y Gobierno del Estado que se den garantías jurídicas, ambientales y culturales a los afectados por la construcción de El Zapotillo.

Fue en el mes de junio cuando el gobernador, Enrique Alfaro, anunció en sus redes sociales que tras realizar mesas de trabajo técnico, Guanajuato y Jalisco lograron resolver los problemas de abasto de agua, al acordar una nueva forma de distribución.

Un día después, pobladores y activistas se manifestaron en contra del acuerdo firmado entre el gobernador del estado Enrique Alfaro Ramírez y su homólogo de Guanajuato, Diego Sinhué para reanudar el proyecto de la presa El Zapotillo y entregar el 76% del agua del embalse a Jalisco y el 24% a Guanajuato.

Fotografía: Semadet

El último día de Julio, el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Toledo visitó el poblado de Temacapulín, y por primera vez, un funcionario federal aseguró que la construcción de la presa sería inviable pues existen muchos elementos en contra de la construcción de dicha presa.

El presidente de la República, se reunió con los opositores de la presa el Zapotillo. Tras escucharlos, acordó realizar mesas de diálogo para analizar todas las posturas respecto a la obra y el suministro de agua entre ambos estados. Expresó a los pobladores que no se destruiría la cortina, pero tampoco se destinaría presupuesto para continuar con la obra.