Acoso profesorado. Imagen ilustrativa.

Por Gabriela León

En la telesecundaria “Enrique González Martínez”, de la comunidad La Troje en Lagos de Moreno, se estima que desde hace cuatro años el profesor N’, cuyo nombre es protegido por encontrarse en un proceso legal, acosaba de manera sexual y violentaba a sus alumnos. Sin embargo, el caso fue denunciado hasta hace dos meses, cuando personal de la dirección de Prevención del Delito impartía pláticas sobre bullying y acoso escolar a niños y niñas de primer grado del plantel.

Los padres de una menor agredida fueron canalizados con la directora de Educación, Claudia González Fuentes para acudir a la delegación regional de Fiscalía en Altos Norte, donde no fueron atendidos por falta de evidencia. Consecuente a esto, González Fuentes y los padres de la menor fueron recibidos por el delegado de la Secretaría de Educación en esta región, Felipe De Jesús Núñez Torres, para levantar el acta correspondiente.

Al respecto, habla Claudia González Fuentes, quien asegura que el profesor involucrado fue suspendido de sus labores como docente desde hace un mes, mientras es procesado:

“La primera instancia fue que ellos regresarán a su comunidad para recabar todas estas evidencias y ya de antemano los conectaría en DRSE, porque yo no tengo injerencia en estas situaciones legales. Ya les hicieron llegar los requerimientos. Ya el miércoles pasado estuvieron en Guadalajara haciendo las averiguaciones. Ya los citaron a declarar. Va el proceso y es evitar que el maestro siga dañando. (Y) es un ejemplo, ya que de 20 alumnos que entraron, quedan seis”.

Este caso es tan sólo uno de los múltiples casos de violencia, acoso escolar y abuso poder hacia una de las poblaciones más vulnerables en México. Hasta enero del 2018 se habían recibido en la Comisión Nacional de Derechos Humanos 293 quejas de acoso escolar. A la Secretaría de Educación Jalisco llegaron en 2016, 486 denuncias de bullying; sólo 84 de los casos fueron violencia entre alumnos, los demás se relacionan con el profesorado o similar.

Claudia González Fuentes afirma que aunque existen regulaciones y normativas para estos casos, pero que en la práctica interna de la Secretaría de Educación, así como en las diferentes instancia jurídicas, las resoluciones pueden quedar lejos de ser justas, o adecuadas:

Las situaciones como la mencionada suelen ser calladas u omitidas por las víctimas y otros involucrados como las autoridades de los planteles y los padres de familia: en el caso de la Telesecundaria “Enrique González Martínez”, tanto la directora de la institución, como el supervisor de zona serán llamados a declarar; González Fuentes explica que estos casos se dan en su mayoría en la zona rural, donde las condiciones socioeconómicas son más adversas:

“A los padres los limitan los propios maestros porque los creen con un bajo nivel de preparación: son amenazados los mismos niños con bajarles la calificación. Aquí está la cuestión de los supervisores y toda la gente que está detrás de los profesores, entonces ¿qué están supervisando?, yo les cuestionaría a ellos. Yo no siento limitaciones, yo siente que Secretaría de Educación Pública ahí está para recibirnos, pero son los traslados y otras condiciones físicas lo que puede limitar a los padres de familia. Tenemos 127 comunidades que colindan con otros estados, que están alejadas y eso los hace pensar: no podemos hablar”.