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Por Luz Atilano

Como han dado a conocer medios de comunicación a nivel nacional, este jueves 30 de noviembre fue aprobada por la Cámara de Diputados –con 248 votos a favor, 115 en contra y 48 abstenciones–, la Ley de Seguridad Interior, que ahora se encuentra en manos del Senado para su análisis y ratificación.

¿Qué es la Ley de Seguridad Interior?

En dicha legislación se establece el procedimiento con el que el presidente de México podrá ordenar la intervención de las Fuerzas Armadas en algún punto (estados y municipios) del país, cuando se identifiquen “amenazas a la seguridad interior” y las capacidades de las fuerzas federales o locales resulten insuficientes para hacer frente a ellas.

(Véase: http://www.animalpolitico.com/2017/11/seguridad-interior-ley-puntos-clave/)

Según la información proporcionada por el documento de 34 artículos y cuatro transitorios, autoriza el uso legítimo de la fuerza y se prevé la utilización de técnicas, tácticas, métodos, armamento y protocolos de sus elementos para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia, según sus características y modos de ejecución. La presencia de las Fuerzas Armadas deberá tener temporalidad y no excederse de un año, pero podrá prorrogarse por decisión del primer mandatario si éste considera que persiste la amenaza a la seguridad interior, o tras la aprobación de peticiones de los estados.

Militarización del país y criminalización de protestas en pleno año electoral

En palabras de activistas sociales y ONGs en favor de los derechos humanos, esta ley supone la militarización del país y, además, la criminalización de las protestas sociales o políticas, pues pese a que la ley indica que los movimientos pacíficos no deberán ser considerados como amenazas, también considera la suspensión de derechos en los actos que se definan como de perturbación grave a la paz pública.

Por su parte, para la reconocida periodista mexicana Carmen Aristegui, quien compartió su opinión en una de las actividades de la recién culminada Feria Internacional del Libro de Guadalajara, este es un asunto sumamente grave, aprobado en medio de una crisis de seguridad y de cara a las elecciones de 2018.

Carmen Aristegui en FIL 2017

“El último reporte del Sistema de Seguridad Pública no puede ser peor, estamos en este momento en índices de criminalidad tan altos o más como 2011, que fue el peor año de Calderón y entonces uno se pregunta cuál fue la ganancia de la estrategia y por qué se dota de estamento jurídico a una estrategia de esta naturaleza. […] Todo conduce, precisamente, a un sexenio que está terminando su gestión con una Ley de Seguridad Interior, con una ley que ha decidido aprobar fastrack, se han montado en un tractor y no van a parar hasta aprobarla en el Senado de la República y tendremos una Ley de Seguridad Interior aunque llegue a la Corte y eventualmente se pueda desmontar por sus caros visos de inconstitucionalidad, podrá durar un año… el año electoral. Y ahí se los dejo de tarea”, exclama.

Candidatos deben emitir sus posturas

Además, de acuerdo con Aristegui, quienes contiendan por algún cargo público en las próximas elecciones, están obligados a emitir una postura al respecto, sobre qué harán con una legislación como esta, si llegan a la presidencia:

“A estos personajes que están disputando desde ya el poder político y la representación  de todos nosotros para los cargos de elección popular que van a ser un montón, más de 3 mil cargos de elección popular además de la Presidencia de México… y bueno, vamos a ver qué es lo quieren hacer esa nuestra representacio… yo quisiera oír las opiniones, los planteamientos, las posturas, de quienes quieren representar a la sociedad mexicana precisamente sobre estos temas, precisamente sobre la Ley de Seguridad Interior, con claridad, con nitidez, para decir qué piensan hacer con una legislación así en caso de llegar a la presidencia en caso de llegar a las gubernaturas… porque este es un tema donde estarán los gobiernos estatales y el gobierno federal en una colección absoluta y efectivamente cuando se active lo que la ley establece, pues aceptando someterse al poder militar porque al final de cuentas es una parte de lo que aquí estamos viendo en ese clausulado y en esos articulados cuando se determine la notificación por razones de necesidad de proteger la seguridad interior del país”.

La legalización de este mecanismo, con la que prácticamente cierra su sexenio Enrique Peña Nieto, también establece que las autoridades facultadas por esta Ley podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información, garantizando el pleno respeto a los derechos humanos.

Sin embargo, para la Red en Defensa de los Derechos Digitales, la vaguedad y amplitud en la redacción de la Ley de Seguridad Interior abre la puerta para que las Fuerzas Armadas lleven a cabo medidas como la intervención de comunicaciones y la recolección de información privada de cualquier individuo a través de cualquier método, sin que existan límites claros ni se establezcan de manera explícita controles democráticos o mecanismos de rendición de cuentas.

(Véase https://r3d.mx/2017/11/30/la-ley-de-seguridad-interior-abre-la-puerta-al-espionaje-militar/)

ONU pide no se apruebe esta Ley

Habría que añadir que el día de ayer, la Organización de las Naciones Unidas hizo pública su solicitud al Senado para que no apruebe esta Ley.

Según dio a conocer una nota de SinEmbargo.mx:

En una carta firmada por Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se expone que la minuta que deberá resolver la Cámara alta “generaría riesgos para la vigencia de los derechos humanos, no aportaría soluciones reales para enfrentar los enormes retos que en materia de seguridad enfrenta el país, fortalecería el statu quo, reduciría los incentivos para profesionalizar a las instituciones civiles y favorecería la consolidación del paradigma militar en materia de seguridad, el cual no ha reducido la violencia y ha aumentado las violaciones a los derechos humanos”.

(Véase http://www.sinembargo.mx/04-12-2017/3359088)

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