Guadalajara, Jalisco. 

El sistema de tratamiento de aguas residuales del complejo penitenciario de Puente Grande está rebasado en capacidad por lo que requiere una inversión millonaria para darle mantenimiento y actualizarlo a las demandas actuales, aseguró el director de Reinserción Social de Jalisco, Antonio Pérez Juárez.

Sobre la denuncia que ha hecho pública el alcalde de Tonalá, Antonio González, sobre la contaminación que realiza el nuevo edificio de juicios orales en Puente Grande al arrojar sus aguas negras al río Santiago, Pérez Juárez aseguró que ese inmueble no le corresponde a él sino que es jurisdicción del Consejo de la Judicatura.

En cuanto  a las instalaciones de los penales que sí son su responsabilidad, descartó que estén contaminando, aunque sí hizo pública la urgencia de recibir una inversión para mejorar el saneamiento de las aguas residuales que se generan con la población privada de su libertad.

"Nosotros tenemos un sistema hidrosanitario que está deficiente porque cuando recibimos las instalaciones, yo lo denuncié, no se le había dado mantenimiento, entonces es algo muy complejo, hablas de una inversión de varios cientos de millones de pesos, no es algo sencillo. Esa deficiencia implica que se tiene que hacer una adecuación, dar mantenimiento y mejorar la capacidad porque nuestro problema es el factor tiempo, lo que deberíamos de procesar en 24 horas a veces tarda tres, cuatro días. Pero sí están cumpliendo con la norma".

Vecinos de las delegaciones de Tololotlán y Puente Grande de Tonalá se han quejado debido a que el arroyo que atraviesa sus comunidades y tributa al río Santiago viene cargado de aguas negras de las salas de juicios orales en las instalaciones del centro penitenciario, así como de lixiviados del basurero Laureles, lo que genera olores fétidos que según relatan, incluso les impide dormir y afecta su calidad de vida.