Ciudad de México, México. 

Entregar fotocopias de la credencial de elector, documento que autoriza el voto, es un requisito indispensable para disponer de agua en Santa María Aztahuacan, en la periferia de Ciudad de México, según denuncian vecinos que hace un año no reciben del líquido en sus casas.

Este barrio está ubicado en la delegación de Iztapalapa, la demarcación territorial más poblada de la capital con más de dos millones de habitantes, y una de los más empobrecidas, que afronta desde hace años problemas de abasto y calidad del agua, que tiene un color amarillento y desprende fuertes olores.

Pero el caso de Santa María Aztahuacan, cuyos habitantes se reivindican como pueblo indígena, es aun más especial, dado que hace un año que el corte en el suministro de la red publica de agua es generalizado.

Algunos vecinos lo atribuyen a una represalia política por sus enfrentamientos con las autoridades delegacionales. Denuncian que para tener acceso a los camiones públicos que suministran tanques de agua a las casas, conocidos como pipas, deben entregar fotocopias de sus credenciales de elector.

“Este año hay elecciones, por ello piden a los vecinos 10 copias de credencial de elector a cambio del servicio de pipa”, denunció a Efe la presidenta del Consejo Indígena de Santa María Aztahuacan, Angélica Juárez.

A falta de poco más de dos meses para las elecciones del 1 de julio, esta vecina considera que el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que gobierna en la delegación, quiere garantizar su victoria chantajeando a los vecinos.

Según Juárez, la candidata del PRD a la alcaldía de Iztapalapa “manda las pipas y les pide a los vecinos que por favor la apoyen el próximo julio”.

“Tan solo que alguien en tu propia casa te diga que la candidata te da esta dádiva cuando en realidad se trata de un derecho humano es humillante, una grosería máxima”, denunció.

El director de Servicios Urbanos de la delegación, Ángel de Cosmoc, afirmó sin embargo a Efe que “no hay ninguna obligación de entregar alguna documentación” para acceder al servicio de pipa.

Asimismo, afirmó que los vecinos de Santa María Aztahuacan reciben unas 3 mil pipas mensuales, siendo la colonia que más recibe en toda Iztapalapa.

El conflicto entre los vecinos de este barrio y las autoridades locales se remonta al año pasado, cuando la administración delegacional intentó rehabilitar un pozo situado en el centro de Santa María Aztahuacan para reactivar el suministro de agua de la zona.

“No queremos (el nuevo pozo) porque no se nos consultó. Queremos estar informados del impacto ambiental, sostuvo Juárez, quien relató que los vecinos son partidarios de dejar “reposar” el pozo actual y captar agua de lluvia desde las casas.

La movilización vecinal consiguió parar las obras en marzo y en mayo de 2017, pese a que las autoridades desplazaron “al menos 2 mil granaderos (policías antidisturbios)” para acordonar el pueblo y facilitar la entrada de excavadoras en la instalación hidráulica.

“El pueblo demostró por qué es un pueblo sabio; nadie agredió a un solo policía sino que organizamos guardias comunitarias”, relató Juárez.

Durante tres semanas, “el pozo no se quedó solo ni un minuto”, puesto que cada dos horas los vecinos se turnaban para bloquear los accesos a la instalación y, si la Policía les intentaba desalojar, lanzaban bengalas para que todo el vecindario les socorriera.

Gloria Medina, de 73 años y vecina del pueblo, tiene grabados en la memoria esos días, durante los cuales pasó noches enteras sin dormir bloqueando la puerta del pozo “con uñas y dientes”.

“No les tengo miedo (a los policías); yo ya estoy vieja. ¿Me van a matar? Que me maten. ¿Por defender a mi pueblo? Vale la pena, aseveró convencida.

Desde entonces, explicó Juárez, los vecinos del pueblo no disponen de agua corriente y un funcionario les llegó a confesar que habían sido castigados por “alborotadores” y que no tendrían agua hasta pasados los comicios.

“Ellos no quisieron el pozo y eso es lo que les habría ayudado”, sostuvo el director urbanístico de la delegación, quien explicó que la administración local “no maneja directamente” el suministro del agua, sino que ello depende de la Comisión Nacional del Agua (Coagua).

Los vecinos que se niegan a entregar las fotocopias de sus credenciales dicen verse obligados a comprar el agua en el supermercado, gastando 500 pesos (unos 26,5 dólares) cada 15 días, mientras que cuando tenían agua en casa la factura era de unos 100 pesos (unos 5,3 dólares) cada dos meses.

“El pueblo se cansó, estamos a punto de estallar y ya no aguantamos más”, relató con hartazgo Santos Medina, un vecino que señaló que aunque desde la delegación les “intimidaron”, no pudieron pararles porque el amor que sienten por el pueblo “es más grande”.