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Fotografía: AFP
Managua, Nicaragua.

Al menos un muerto y dos heridos dejó hoy una marcha por la libertad de los “reos políticos” que tuvo lugar en diferentes municipios de Nicaragua como parte de las protestas contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega, que han dejado centenares de muertos desde abril pasado.

La víctima fue identificada como Lenin Mendiola, hijo de la dirigente campesina Benigna Mendiola, quien falleció tras un enfrentamiento en la ciudad nicaragüense de Matagalpa entre manifestantes antigubernamentales con grupos afines al Gobierno de Nicaragua.

“Este sábado, en horas de la tarde, le dispararon a matar terroristas encapuchados que participaban en la marcha “Pacífica” de la derecha golpista”, denunció el Gobierno, a través de su portal oficial digital El 19.

En tanto, el opositor Movimiento Cívico 19 de Abril Matagalpa (norte) reportó al menos dos personas heridas producto, según su versión, de un ataque perpetrado por paramilitares y grupos afines a Ortega contra un grupo de “autoconvocados” que participaban en una marcha por la libertad de “reos políticos”.

El ataque, según ese movimiento opositor, se produjo cerca de la Alcaldía de Matagalpa cuando simpatizantes del presidente Ortega, apoyados por parapolicías y paramilitares, atacaron a un grupo de civiles que marchaban por ese lugar.

Esa versión fue confirmada por el activista Roberto Largaespada, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

“Dispararon unos paramilitares que están por la Alcaldía” de Matagalpa, dijo el defensor a periodistas, quien a su vez corroboró los dos heridos y que están investigando sus nombres.

Los manifestantes autoconvocados de Nicaragua citaron este sábado a marchas en diferentes ciudades, incluida Managua, para reclamar la libertad de los “reos políticos” que han caído presos por protestar contra el Gobierno.

Los autoconvocados, quienes se han convertido en los últimos meses en la peor pesadilla del Gobierno, alzaron sus voces por la libertad, la justicia y el respeto a los derechos humanos de los presos políticos que se encuentran en diversas cárceles del país, a donde fueron llevados “solo por pensar diferente”, dijo a Efe el joven Jorge Padilla.

Según los sectores opuestos al poder, al menos 135 personas están encarceladas, tras haber sido secuestradas por las “fuerzas combinadas”, compuestas por policías, antimotines, parapolicías, paramilitares y grupos afines al Gobierno, que las capturan sin orden judicial ni delitos comprobados.

Padilla, estudiante universitario, consideró que “la política violenta y represiva que aplica Ortega no es digna de un país que se define democrático; esto no es democracia, es la más cruel de las dictaduras, donde uno no puede ni decir lo que piensa, ni manifestarse libremente”.

Algunos de los “reos políticos” más conocidos son el miembro de la Alianza y líder campesino Medardo Mairena, el dirigente rural Pedro Mena, la comerciante Irlanda Jerez, el empresario Cristhian Fajardo, así como los jóvenes afrodescendientes Brandon Lovo y Glen Slate.

Por otro lado, con la ya habitual consigna, repetida en las manifestaciones progubernamentales de “Daniel se queda”, los sandinistas realizaron una multitudinaria marcha en Managua en la que pidieron también justicia “para las víctimas del terrorismo golpista”, formado, según ellos, por los promotores de las protestas en contra del régimen.

Los militantes y seguidores del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) consideran que los asesinatos que se produjeron en el país desde el comienzo de las revueltas populares fueron propiciados por los autoconvocados, pese a que estos no cuentan con las armas de fuego con las que están armadas las fuerzas estatales.

Como si de una lección aprendida se tratase, Carlos Chávez, sandinista confeso y convencido, dijo a Efe que “lo justo es que Ortega siga en el poder y que los golpistas y terroristas sean juzgados como se merecen. Ellos han matado a 197 personas y deben pagar por ello”.

Desde el pasado 18 de abril, Nicaragua está sumergida en una crisis sociopolítica que ha dejado, según diferentes organizaciones pro derechos humanos, entre 317 y 448 muertos, que el Gobierno cifra en 197, convirtiéndose así en la más sangrienta desde la década de los 80.

Las protestas contra Ortega se iniciaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.

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