Manila, Filipinas.

La activista filipina por los derechos humanos Leila de Lima fue liberada bajo fianza este lunes y afirmó que este es un momento de "alegría triunfante", tras pasar casi siete años detenida.

De Lima fue una de las voces más críticas contra el expresidente Rodrigo Duterte (2016-2022) y su controvertida guerra contra las drogas. Fue encarcelada por cargos relacionados con narcóticos que ella niega y afirma que fueron urdidos para silenciarla.

"Este es un momento de alegría triunfante y también de agradecimiento", dijo de Lima, de 64 años, al salir del tribunal.

"He estado rezando mucho para que llegara este día. Es muy doloroso estar en la cárcel siendo inocente", añadió antes de ser llevada brevemente a prisión antes de su liberación.

Su abogado, Filibon Tacardon, relató que la activista "lloró" cuando el tribunal de Manila anunció su decisión.

"Creemos que ella es inocente, todos creemos que ella es inocente y que todos estos cargos son falsos", dijo el letrado a la prensa.

De Lima, exsenadora y exministra de Justicia, estaba detenida desde febrero de 2017 bajo cargos que ella y grupos de derechos humanos califican como una represalia por sus críticas a Duterte y su campaña contra las drogas que dejó miles de muertos.

La activista fue acusada de aceptar dinero de presos a cambio de permitirles vender drogas cuando fue ministra de Justicia durante el gobierno de Benigno Aquino, de 2010 a 2015.

Durante el proceso dos testigos murieron y otros se retractaron, afirmando que fueron obligados a declarar, por lo que la justicia desestimó dos de los tres cargos.

Ahora, de Lima solamente enfrenta un cargo, pero puede ser condenada a cadena perpetua, si es declarada culpable.

El juez a cargo del caso, Gener Gito, dictaminó en una decisión fechada el 10 de noviembre que de Lima y los cuatro procesados por el caso que siguen con vida pueden ser liberados con una fianza fijada en 300.000 pesos (5.350 dólares).

"Libre por fin", gritó de Lima a los periodistas tras salir del cuartel de la policía donde estuvo retenida.

• El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU concluyó en 2018 que el arresto de la activista fue "arbitrario, teniendo en cuenta la ausencia de fundamentos legales" y que no fue respetado su derecho a un juicio justo.