Madrid, España.

El histórico juicio a doce líderes independentistas por el fracasado intento de separar a Cataluña de España en 2017 llega a su fin este miércoles, tras cuatro meses de mediatizadas audiencias que han impactado de frente a la política española.

"Votar o defender la República desde un Parlamento no puede constituir delito", afirmó el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, el principal acusado en el juicio en el Tribunal Supremo, llamando al "diálogo, negociación y acuerdo" para resolver la persistente crisis catalana.

Al igual que Junqueras, los otros once procesados, entre ellos miembros de su ejecutivo, la presidenta del Parlamento catalán y los responsables de dos asociaciones independentistas, expresaban sus últimas palabras este miércoles.

Luego, tras más de 50 sesiones, centenares de testigos y presentación de copiosas pruebas, el juicio quedará visto para sentencia, la cual no se espera antes del otoño.

Junqueras, para quien la fiscalía pide 25 años de cárcel, es la cara más visible del proceso, toda vez que el principal protagonista de la tentativa secesionista, el ex presidente regional Carles Puigdemont, se encuentra huido en Bélgica.

Otros ocho separatistas, quien como Junqueras están en prisión preventiva desde hace más de un año, también son acusados de rebelión, mientras que los tres restantes responden por los delitos más leves de desobediencia y malversación.

Para marcar el fin del sensible proceso televisado, los independentistas están convocados a manifestarse en Barcelona, donde este miércoles colocaron una pantalla gigante, para seguir las intervenciones de quienes consideran "presos políticos".

"El juicio es una anomalía democrática", estimó a la AFP, Abel Vilà, estudiante de 25 años, que portaba una bandera independentista.

- La controvertida "violencia" -

"Se me acusa por mis ideas y no por mis hechos", lanzó Junqueras en febrero al fustigar un juicio "político" contra un separatismo "pacífico".

Un alegato político permitido por el magistrado Manuel Marchena, quien ha presidido el proceso equilibrando firmeza con flexibilidad a sabiendas de que los acusados recurrirán ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La fiscalía ha calificado los hechos de 2017, que incluyeron el el 1 de octubre un referéndum de autodeterminación ilegal y el 27 la declaración del Parlamento catalán de una república que nunca se concretó, de "golpe de Estado" en medio de un "clima insurreccional".

A su juicio, hubo violencia, esta última una cuestión determinante ya que es indispensable para sustentar el delito de rebelión.

La noción de la violencia, muy controvertida incluso entre expertos, es negada tajantemente por las defensas, que rechazan ese cargo.

Los abogados de Junqueras y el exministro regional del Interior, Joaquim Forn, admiten que pudo haber desobediencia, un delito que conlleva inhabilitación para ejercer cargos públicos, pero no prisión.

Para casi todos los demás acusados, sus defensores pidieron absolución.

La acusación parte "de un relato de hechos que no se ajusta a la realidad de lo acontecido", afirmó este miércoles Marina Roig, abogada de Jordi Cuixart, uno de los acusados.

- Posiciones antagónicas reforzadas -

Los puntos de vista antagónicos reflejan la pugnaz realidad fuera del Tribunal Supremo: a más de año y medio de la tentativa independentista, el separatismo sigue dividiendo a la población catalana y remeciendo la política española.

El proceso "ha servido a la parte más dura del independentismo para mantener viva la llama" de un movimiento que se había quedado "un poco sin horizonte", y la sentencia le brindará "un elemento al cual agarrarse para intentar de nuevo movilizar a su bloque", señaló a la AFP Oriol Bartomeus, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Barcelona.

El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, quien inició el martes negociaciones para formar gobierno, busca evitar un nuevo apoyo de los separatistas catalanes, que desde el inicio del juicio le hicieron la vida imposible. Tanto así que precipitaron las legislativas anticipadas de abril al rechazar los presupuestos del Estado.

En esos comicios fueron electos cinco de los acusados en el juicio, pero fueron suspendidos después. Uno de ellos, Junqueras, consiguió en mayo un escaño para el Parlamento Europeo que pretende conservar.

En todo caso, "pensar que en este momento el gobierno español y el catalán se puedan sentar a dialogar es algo bastante hipotético", con los independentistas insistiendo en una consulta de independencia y un gobierno español negado a ello, señaló el analista político Josep Ramoneda.