Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Aunque consiguieron una suspensión "de plano", los ejidatarios de El Zapote, en Tlajomulco de Zúñiga no pueden acceder a sus tierras.

Son casi 14 hectáreas que les fueron otorgadas por decreto presidencial y que ahora, el Gobierno del Estado tiene en posesión pues pretenden la construcción de un acueducto de aguas negras que desembocaría en el Canal del Ahogado, según lo detalló Sergio Arturo Pérez Rea, el abogado del ejido.

El problema se remonta al 23 de enero del 2010, fecha en la que el ejido firmó un convenio para la ocupación del predio por parte del gobierno estatal, sin embargo, no se cumplió con las cláusulas pues no sólo debería de haberse pagado por el terreno, sino que, la cláusula quinta de dicho acuerdo, daba solamente cinco años al Estado para la realización realizar el decreto expropiatorio que no se hizo.

Por ello, el incumplimiento supuso la nulidad del convenio en concordancia con la legislatura civil y agraria.

Debido a esto, los ejidatarios acudieron al Juicio de Amparo y fue el Juzgado 12 en material Administrativa, Civil y del Trabajo el que concedió una suspensión provisional y luego, una definitiva para la restitución del predio lo cual ahora se impide con uso de la fuerza pública.

Alrededor de una docena de policías estatales impiden a los ejidatarios si quiera caminar por el camino que pasa a un costado del predio, por ello, iniciaron ya un procedimiento de desacato ante la Fiscalía General de la República  (FGR) en contra del mismo gobernador, el fiscal general del Estado y el titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA).

Fotografía: Rafael Hernández

Para la integración de esta investigación federal a la que podrían estar sujetos los señalados funcionarios jaliscienses, resta únicamente una diligencia de inspección por parte del juzgado, la cual no pudo desahogarse pero fue fijada una nueva fecha para dar cumplimiento a la ley de amparo que señala que de haber desacato a las suspensiones otorgadas, procederá sanciones de tipo penal.

Son alrededor de 70 millones de pesos que no se han pagado.