Guadalajara, Jalisco.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) determinó aceptar la queja interpuesta por más de 300 ganaderos productores de leche de Los Altos de Jalisco, por presuntas violaciones a sus garantías, cometidas por el Gobierno de la República, a través de las secretarías de Agricultura y Ganadería, Economía, Comunicaciones y Transportes, y la Procuraduría General de la República, así como por el Gobierno de Jalisco, que atentan contra su modo de vida, sus derechos económicos y sociales y sus derechos a la manifestación pacífica en busca de mejorar las condiciones de mercados que tienen postrados a más de quince mil lecheros.

Refugio Muñoz, presidente de la Asociación Ganadera local de San Julián, entregó al ombudsman nacional un texto de ocho páginas, con cuatro hojas más de firmas de adhesión, a nombre de los productores de la meseta alteña, que fue recibido con el folio 20958/2018, en las oficinas del organismo, en la Ciudad de México.

Los productores piden no ser criminalizados por sus protestas, que han incluido cierres parciales de carreteras, tomas de casetas de cobro y manifestaciones en plazas de las ciudades, en demanda de garantizar la compra de su producción diaria, que rebasa 1.7 millones de litros, y que en su mayor parte es pagada a menos de la mitad del precio de mercado con la presunta complicidad de Liconsa.

Fotografía: Agustín del Castillo

Esto hace que colapsen los negocios ganaderos, mientras las grandes empresas industrializadoras importan millones de toneladas de lácteos de mala calidad que afectan los derechos de los consumidores.

Los quejosos piden medidas cautelares “a fin de evitar la consumación irreparable de las violaciones denunciadas, o en todo caso, evitar la producción de daños de difícil reparación para nosotros […] a fin de salvaguardar nuestras fuentes de trabajo y se eviten daños irreparables en los mismos; inclusive el que se nos impida el volver a nuestros ranchos y/o casas, y/o establos”. Esto pasa por informes justificados de cada dependencia aludida, e “identificar las afectaciones que han sufrido los productores de dichas localidades y las afectaciones que se vienen sufriendo al día de hoy, y que tienen que ver con la violación al derecho al trabajo, a la alimentación, a la salud y al desarrollo, así como al acceso efectivo al agua para el consumo humano y para la producción de alimentos, como la leche y la carne, entre otros”, lo que sería reforzado con la comparecencia de peritos.

Al cierre de 2017, “la producción de leche de bovino en el país alcanzó 11 mil 807 millones de litros es decir, 1.7% más que en el mismo periodo de 2016”. Los estados que más producen son Jalisco, con 2 millones 306 mil litros al día; Coahuila, con 1 millón 358 mil; Durango con 1 millón 208 mil; Chihuahua con 1 millón 95 mil y Guanajuato con 1 millón 822 mil litros. Sin embargo, no han cesado las importaciones de leche en polvo, “en el año 2006, se importaron 143 mil 529 toneladas; para 2017 la cifra fue de 327 mil 97 toneladas, lo que significa un aumento de 128% en doce años. Respecto a 2016 el volumen es superior en 11.7 por ciento”.

La apertura comercial, sobre todo con Estados Unidos, es el hito histórico que causó el quebranto de miles de negocios agropecuarios; en el caso de Los Altos de Jalisco, donde se genera 23%de la producción de proteína de origen animal, se estima que alrededor de 2 mil ganaderos han debido abandonar el negocio por baja rentabilidad.