Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Antes de continuar con la expansión del Aeropuerto Internacional de Guadalajara con una segunda pista y una segunda terminal, el Gobierno federal, el Grupo Aeroportuario del Pacífico y el Instituto de Pensiones del Estado deberían saldar su cuantiosa deuda por el despojo de tierras, reclamó José Prisciliano Jarero, quien lucha hace más de 50 años por un pago justo por las tierras que le fueron despojadas en aras del progreso.

A sus 85 años de edad, el señor Jarero sigue a la espera de que le liquiden el 70% de la extensión territorial que alberga la plataforma del aeropuerto de un valor superior a los mil millones de pesos, más 18 mil metros cuadrados de las pistas, otros 20 mil metros cuadrados que se comió el GAP al recorrer la barda perimetral y 6 mil metros cuadros que recientemente aparecieron con un letrero que dice “propiedad del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco”.

Por si fuera poco, el ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga se acercó hace año y medio para comprarle una franja, a donde llegan las aguas residuales de El Zapote y del aeropuerto a través de una zanja agrícola, pero no se concreta la operación a pesar de que entregó toda la documentación.

El señor Jarero cada vez tiene más problemas de salud y tiene dificultades para hablar; teme que le estén apostando a que no le alcance la vida para recibir lo que le corresponde.

A pesar de que el ejido El Zapote tampoco ha podido recibir una indemnización justa por las tierras expropiadas para la construcción del aeropuerto, José Prisciliano Jarero dice que ha recibido un peor trato debido a que no lo contemplan ni para negociar.